El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez y los principales funcionarios de su mandato son permanentemente espiados por sus enemigos políticos, entre otros, el exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, quien a través de sus redes y múltiples complicidades, logró infiltrar a un personaje que todos los días checa las actividades del mandatario, tiene acceso a las reuniones privadas efectuadas en la Ciudad de México y Puebla y, por si fuera poco, arrastra antecedentes penales por haber sido encarcelado bajo el cargo de tortura.

Su nombre: Evaristo Cruz Cabañas, quien fue designado por el gobernador de Veracruz como director del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (la academia de Policía) a pesar de que, en el bienio de Yunes Linares fungió como jefe de ayudantes de Jaime Téllez Marie, exsecretario de Seguridad Pública, implicado en un escándalo tras haber sido señalado de estar relacionado con el cártel de los Zetas, acusación que él mismo negó.

La historia de Cruz Cabañas –sucia por donde se le mire– es larga. De acuerdo con la indagatoria 112/2013, fue acusado en Yucatán de haber incurrido en violación a los derechos humanos de una persona a la que torturó. En esos hechos también resultaron implicados los marinos Ernesto Guevara Alonso, Elpidio Pedro Salas y Ernesto López Monterrosa. La causa penal recayó en el juzgado primero de distrito del estado de Yucatán, a cargo de la juzgadora Margarita Náhuatl Javier.

Tan sólidos resultaron los elementos probatorios que a Cruz Cabañas se le dictó auto de formal prisión por parte del juzgado decimocuarto de distrito de procesos penales federales.

Sin embargo, el ahora funcionario estatal se defendió, como se esperaba. A través de Adán Patiño Sámano e Isabel Cristina Peralta, sus abogados, obtuvo un amparo que le permitió salir de prisión. El amparo lo otorgó el tribunal unitario del decimocuarto circuito con sede en Yucatán. Pese al negativo antecedente, el contralmirante Cruz Cabañas fue cobijado por el equipo de Yunes Linares: tan pronto se zafó de la acusación se integró a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz durante el Gobierno de Yunes, donde se convirtió en el hombre de todas las confianzas de Jaime Téllez Marie, entonces Secretario de Seguridad Pública.

Con la habilidad que lo caracteriza, Cruz Cabañas logró pasar como eficaz elemento ante los ojos de Hugo Gutiérrez Maldonado, actual secretario de Seguridad Pública, quien avaló su nombramiento en la academia de Policía, donde ahora opera las tareas de espionaje porque es el responsable de recomendar al personal de seguridad y confianza que atiende al gobernador Cuitláhuac García, a su secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos y al propio Gutiérrez Maldonado.

Una fuente consultada en el área de seguridad de Veracruz, que pidió el anonimato, cuenta que Cruz Cabañas mantiene debidamente informado a Yunes Linares y a Téllez Marie de todas las actividades del gobernador. El infiltrado lo sabe todo: qué hace el gobernador, con quien se reúne Eric Cisneros, qué temas tratan en las reuniones privadas…

El detallado seguimiento a las tareas del gobernador García Jiménez y sus principales colaboradores se hizo con mayor puntualidad después de que el gobierno estatal presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República en contra del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares por el delito de fraude, peculado y lo que resulte por el contrato de mil 100 millones de pesos que le fue asignado a la empresa Comtelsat, propiedad de Manuel Arroyo, propietario del periódico El Financiero.

La denuncia federal también implica a otros funcionarios del gobierno anterior, entre otros, al exsecretario de Seguridad Pública Jaime Téllez Marie, así como a Juan Carlos Saldaña Morán y Guillermo Moreno Sentiés, responsables de la unidad administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública. Moreno Sentiés es hijo de Guillermo Moreno Chazzarini, quien fungió como secretario de Finanzas en el bienio de Yunes Linares.

Hay muchas razones para espiar al mandatario veracruzano. La denuncia da cuenta de un descomunal fraude presuntamente cometido por el exgobernador panista y sus colaborares, a quienes se acusa de haber pagado mil 100 millones para el suministro e instalación de 6 mil 324 videocámaras para reforzar la seguridad pública en el estado que, como se sabe, resultó todo un fiasco debido a la imparable violencia del narcotráfico.

Según los pormenores de la denuncia, solo fueron instaladas 6 mil 25 videocámaras y de ese total solo funcionan mil 695, lo que equivale a 28 por ciento de avance. Los exfuncionarios del gobierno panista aducen que el actual mandato ya no permitió instalar el resto de las videocámaras.

Hasta donde se sabe, la denuncia interpuesta en la FGR avanza y se asegura que muy pronto habrá sorpresas. El gobierno de Cuitláhuac García recurrió al ámbito federal porque en la fiscalía de esa entidad no hay ninguna posibilidad de proceder en contra de Yunes Linares y sus excolaboradores, pues el exmandatario tiene las espaldas cubiertas por el fiscal Jorge Winckler Ortiz, a quien le debe el cargo.

¿Funcionarios limpios?

Edel Álvarez Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, estalló de coraje la semana pasada tras la publicación –en el diario Imagen y en este espacio– de los presuntos vínculos de Manuel Fernández Olivares, el Pámpano, con el narcotráfico. Dijo que todos los funcionarios del tribunal que preside han sido investigados debidamente antes de otorgarles un cargo y avaló su honorabilidad.

El tema se viralizó en esa entidad porque en la averiguación 947/2012/VER/-FIEAFTVS un jefe de los Zetas, Luis Hernández Lechuga el Lucky, detenido en 2011, lo incriminó al decir que ese funcionario formaba parte de la red de ese cártel y que por sus servicios recibía 100 mil pesos en efectivo. En dicha indagatoria también se afirma que, como juez de distrito, Fernández Olivares dejó en libertad, en 2002, al capo Ubaldo Gamboa el Uba, entre otros señalamientos que dan cuenta de las correrías de ese personaje cobijado por el Poder Judicial de Veracruz.

La publicación, se asegura, puso en entredicho la honorabilidad de quien hoy se desempeña como secretario de acuerdos de la sala constitucional del Poder Judicial. Lo cierto es que el famoso Pámpano está muy bien protegido por Edel Álvarez Peña: es su padrino de bodas y, además, también nos informan que el funcionario incriminado por los Zetas presume tener una constancia, presuntamente de no antecedentes penales, por la que habría pagado 20 mil pesos. Así se las gastan en Veracruz y en la justicia de ese estado. Es el reino de la impunidad.

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