*Las violaciones al Estado de Derecho contra la comunidad universitaria inaceptable; solo responde a una cortina de humo para ocultar la corrupción y el fraude electoral

Desesperados por la inminente derrota de su candidato presidencial José Antonio Meade y de todos sus suspirantes al Senado y diputaciones en juego en nuestra entidad, el gobierno del estado encabezado por Omar Fayad Meneses ha iniciado una feroz cacería de brujas en contra de la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo –hoy por hoy erigida en una de las mejores instituciones de educación superior de prestigio nacional e internacional–, y de donde varios de sus integrantes estamos participando como candidatos a legisladores federales y locales por el partido Morena, en el ejercicio pleno de nuestros derechos constitucionales.
Desde 2016, primero como candidato y después como gobernador, el titular del Ejecutivo ha tenido como obsesión obtener el control de la máxima casa de estudios como parte de una equivocada visión patrimonialista de que en el estado no se mueve nada sin que él lo decida, reafirmando la visión caciquil que todos los gobernantes de su partido han tenido en los últimos 90 años sobre los ciudadanos y las instituciones hidalguenses. Prueba de ello es que no existe un verdadero equilibrio de poderes, pues el Congreso de mayoría priista y partidos lacayos solo les sirven a ellos y el poder judicial no cuenta con verdadera autonomía, así como tampoco los entes autónomos como las instancias electorales, la de Derechos Humanos, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y el sistema anticorrupción estatal, así como tiene el control y maiceo del PAN, PRD, Verde, Panal, MC, PES, PT y sus candidatos.
Esa visión dictatorial lo ha llevado primero a intentar quitar la autonomía a la UAEH a través de imponer un supuesto órgano de control absolutamente inconstitucional; por otro lado, ha sido incapaz de dotar de mayores recursos de manera sustantiva a las instituciones superiores, mismos que permita ampliar la infraestructura y la oferta educativa para disminuir el alto grado de jóvenes rechazados en las universidades, así como una mejora laboral para los académicos; como se vio con su negativa para apoyar las demandas contractuales de los sindicatos académicos y de administrativos de nuestra casa de estudios.
Ahora ante el fracaso de no poder intervenir en la vida interna de la institución y después de la decisión de muchos universitarios de participar en la contienda electoral, el gobernador endureció sus ataques con la fabricación de delitos, como sucedió al hijo de la docente Lidia García, a quien le sembraron un arma y supuesta droga, así como detener de manera ilegal a la coordinadora de administración Gabriela Mejía Valencia, con un aparatoso despliegue de fuerza, y las activistas Elsa Ángeles Vera y Leyla Chávez Arteaga; así como también el cateo de la casa de un alto funcionario universitario con la firme intención de intimidar e infundir miedo, esas actitudes son propias de un estado dictatorial que todos rechazamos.
Todo eso es solo una “cortina de humo” para tratar, primero, de distraer la atención de la opinión pública para tapar la gran maquinaria con la que pretende robarse las elecciones en Hidalgo, utilizando todo el poder del Estado, miles de millones de pesos para comprar autoridades electorales, opositores y ciudadanos beneficiarios de los programas sociales, así como presión y guerra sucia, que creíamos haber dejado atrás y hoy revive el gobernador.
También se demuestra su absoluto pánico al no permitir el juego limpio, elecciones democráticas y la libre decisión del voto de los hidalguenses, pretende sembrar miedo y que la gente no salga a votar, para que él imponga a sus impresentables candidatos, manchados por la corrupción y quienes la mayor parte de ellos son incapaces de ganar por sí solos el voto popular.
Por otro lado, demuestra como su ferocidad contra la comunidad de nuestra máxima casa de estudios no se aplica de igual modo a la corrupción públicamente demostrada en la llamada “Estafa maestra”, donde están inmiscuidas la Universidad Politécnica Francisco I Madero, la Universidad de la Huasteca, Radio y Televisión del estado; donde él pone a rectores y directores, así como también calla el saqueo hormiga que, como se ha señalado, realizó el gobernador que lo antecedió Francisco Olvera, con un monto aproximado de 2 mil 700 millones de pesos que afectó fundamentalmente los presupuestos de educación y salud de Hidalgo; así como el saqueo de las arcas públicas municipales que la mayor parte de los munícipes del PRI hicieron en sus mandatos.
Es obligación del gobernador respetar el Estado de Derecho y la Constitución política del estado de Hidalgo a la que juró respetar y hacerla respetar; debe obligadamente atender el llamado del rector Adolfo Pontigo Loyola a garantizar un clima de paz, seguridad y certidumbre frente al proceso electoral en puerta, el cual es clave para el futuro inmediato de nuestro querido México; tomar partido por la antidemocracia, la represión y el autoritarismo, lo llevará a un total descrédito y puede provocar una ingobernabilidad que nadie desea, debe de aceptar que la democracia es lo mejor que le puede pasar a Hidalgo.
Todos los universitarios que participamos en esta contienda, nos sumamos al llamado de respeto a la ley, de no ser así, también lo hacemos responsable de lo que a nuestras familias y nuestras personas nos pueda suceder.

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