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Frente al incremento en los casos de linchamiento en Hidalgo, la profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Silvia Mendoza expresó que eso ocurre porque las autoridades simplemente olvidaron una de sus principales obligaciones: la seguridad. En cambio, nos delegaron, sin preguntarnos, tal responsabilidad. Y frente al abandono de esa obligación constitucional, entonces la ciudadanía siente que tiene el derecho de sancionar a los infractores. Es como si hubiéramos retrocedido en el tiempo, a la época en que no había un Estado al que le delegáramos esa potestad. Pero peor, porque ahora, además de pagar impuestos, gastamos en vigilancia privada, cámaras de videovigilancia, rejas y hasta perros guardianes. ¿Entonces para qué queremos autoridades y policías? Hoy, por tal razón, la masa enfurecida tiende a disputarse a los presuntos delincuentes. Al respecto, Mendoza reflexiona: “Lo que está sucediendo tiene que ver con que en algún momento las instituciones encargadas de la procuración de justicia dejaron de funcionar, la gente perdió la credibilidad y confianza en ellas y cuando la población ve incumplida esa promesa, y además hay un acuerdo, quizá no implícito pero sí explicito respecto a que nuestro cuidado es nuestra responsabilidad, entonces asumimos que también es nuestra responsabilidad sancionar a quien nos está lastimando”. Se trata del peor escenario posible. La pregunta es ¿qué tiene que pasar para que el Estado vuelva a asumir esa función? De filón. ¿Es posible que la revocación de notarías sea un acto simulado para sacar réditos electorales en estos tiempos de campaña? Tal especie fue llevada a tribuna por el diputado simpatizante de Morena Jorge Miguel García Vázquez. ¿Piensa mal y acertarás?

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