Pocos cuestionan la ofensiva del gobierno federal contra el robo de combustible. Pero al mismo tiempo cada vez más el reclamo es unánime: la forma no es la adecuada. No hubo previsión de los efectos colaterales que hoy padece un tercio de la población del país.

Los estados de la zona centro, incluido Hidalgo, hoy ven una situación poco usual: filas de automovilistas buscando gasolina, que hoy se ha convertido en un bien preciado y del que ya pocos recuerdan las variaciones en su precio. El problema ya no es su valor, sino su escasez, lo que conlleva a problemas de movilidad, tanto para el ciudadano que quiere ir a su trabajo o dejar a sus hijos a la escuela, como para el empresario que necesita trasladar sus mercancías a donde están sus clientes. La respuesta del gobierno federal frente a esa crisis ha sido desafortunada. El presidente Andrés Manuel López Obradoor ha insistido que no hay desabasto pero las largas filas y las gasolineras cerradas demuestran lo contrario. El gobierno federal debe corregir su estrategia para combatir al huachicoleo o la medicina va a salir peor que el remedio. La escasez de combustible genera otros males que le pegan a la población que menos tiene. Porque el no llegar al trabajo, el perder horas formado, o el incumplir con un pedido tiene consecuencias directas para las mayorías. Aquí es donde el gobierno federal debe ser sensible, no debe tratar al ciudadano como si sus problemas no importaran. Esa insensibilidad sale cara. Y si no lo creen, que le pregunten a Enrique Peña y los efectos que provocó el llamado gasolinazo en su popularidad. De filón. Es de celebrar que los gobiernos de Hidalgo, la Ciudad y el Estado de México hayan firmado ayer el acuerdo sobre la iniciativa conjunta de la Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México. Se trata de una forma de pensar el gobierno que debe ser la norma en un entorno en el que cada vez más las fronteras políticas tienden a desaparecer frente a desafíos globales y regionales.

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