2019 ha sido el año que más vidas ha cobrado la violencia en México. Por más que se busque justificar ese triste resultado culpando a los gobiernos del pasado, hay evidencias de que no está funcionando del todo bien el esquema de seguridad aplicado por la 4T. Porque un gobierno emanado de la izquierda, que prometió seguridad y desarrollo para todos parece estar obteniendo resultados contrarios, porque la inseguridad aumentó y el crecimiento económico fue pírrico.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica que entre enero y diciembre de 2019 se registraron 34 mil 582 víctimas de homicidios dolosos, ubicando a ese periodo como el más violento de la historia. A pesar del discurso presidencial del “vamos bien”, pronto llegará a su curva descendente que ni el “yo tengo otros datos” ni la rifa distractora de un avión presidencial lo evitará.

Porque no podemos ir bien cuando la violencia se apodera de regiones que ataca por igual a empresarios agrícolas como los Le Baron en Chihuahua o asesina a músicos rurales en Guerrero. Estos dos hechos recientes demuestran que las carreteras y caminos en este país son peligrosos y todos podemos ser víctimas del crimen organizado. La geografía criminal ya alcanzó niveles preocupantes y, peor aún, empezará a tomar otros matices como el cobro de cuotas por el uso de caminos, aumentará el secuestro, la extorsión a empresarios y se hará uso de la violencia extrema.

Por otro lado, ya hay manifestaciones que sugieren la creación de autodefensas o guardias comunitarias para contener a los grupos delictivos porque el estado no ha podido cumplir con una de sus funciones prioritarias como la seguridad. La ausencia de políticas contundentes en la materia genera que otros grupos no institucionales ofrezcan servicios para contener el crimen, pero existe el riesgo que también puedan servir a contratistas que deriven en la creación de grupos paramilitares como ocurrió con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que en principio sirvieron a los terratenientes para contener las extorsiones (vacunas) hechas por la guerrilla y los grupos criminales, pero que después prestaron sus servicios a los que les ofrecieron mayores beneficios, es decir se trataba de mercenarios pagados que lucraban con la violencia.

Con las reservas que el caso amerita, en México estamos en el preámbulo de un proceso de creación de grupos paramilitares que buscan ocupar el lugar que las instituciones han dejado y que buscarán emplear estructuras alternas a las del propio estado, cuendo eso ocurra quedará demostrado que el gobierno está rebasado y que no es capaz de proporcionar seguridad.

Nadie está seguro mientras que desde el gobierno se mande el mensaje de impunidad hacia la delincuencia, como la liberación de Ovidio Guzmán, porque si esa es la lógica, entonces todo aquel que amenace y tome a la sociedad como rehén puede ganar su libertad de facto sin recibir ninguna sanción. No todo el pueblo es bueno, esa es la premisa que el estadísta y estratega debe de saber para incentivar a la ciudadanía que merece las oportunidades para mejorar sus condiciones de vida y distinguir a la que merece ser sancionada por sus conductas ilícitas.

La creación de guardias comunitarias no es algo nuevo en nuestro país, de hecho han aparecido en periodos donde se oscila entre el autoritarismo político o hay una creciente participación de los grupos delictivos que acosa u obliga a los integrantes de las comunidades a defenderse. Pese a ello, el estado como ente administrativo que tutela las voluntades ciudadanas, es el único actor que tiene exclusivamente la obligación de salvaguardar la integridad territorial, el bienestar (físico y jurídico) de sus habitantes y fortalecer las instituciones. Pero el estado no cumplirá con sus funciones si habla de combate a la corrupción y tiene sentado entre sus filas a una persona que cometió el fraude electoral que frenó la democracia en el país, mucho menos cumplirá con sus obligaciones con mano blanda contra los delincuentes que chantajean a las instituciones y, mucho menos, creer que con declaraciones de amor se puede combatir a la delincuencia.

Todavía es tiempo de retomar el rumbo y este gobierno puede dejar sentadas las bases de la democracia participativa donde se fortalezca la ciudadanía y se instaure el principio de la responsabilidad compartida. Porque no toda la culpa es del gobierno sino también de gran parte de la sociedad que se acostumbró a las dádivas que generaron adeptos electorales y la indiferencia de otra parte que permitió el acenso de políticos sin ética (también procedentes de la izquierda).

La lucha por un mundo mejor tiene muchos frentes, el electoral es uno, ¡elijamos bien! Pero el más importante está muro adentro de nuestros hogares y se llama educación con valores.

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