Desde 2016, más de 500 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en Hidalgo, un equivalente de 13 al mes, la mayoría menores de edad. Los últimos casos corresponden a Johana, Yarith, Laura, Maricela y Leydi. El panorama es preocupante para una entidad que fue durante muchos años primer lugar en el Índice de Paz, según el Instituto para la Economía y la Paz. Lo más alarmante de la situación es la omisión protocolaria de la autoridad. Y es que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo no cuenta con protocolo para la investigación de desaparición de mujeres, por lo que aplica el mecanismo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada emitida por la entonces Procuraduría General
de la República en 2015. El clamor de
cientos de familias no encuentra eco. La inacción gubernamental parece que agota la paciencia de madres, padres, hijos y hermanos que buscan a sus desaparecidas con desesperación aunque con cierta dosis de esperanza. ¿Qué está pasando en Hidalgo que dejó de ser una entidad segura? La respuesta a esa pregunta no la tienen ni las autoridades, que bajo la rancia retórica de “hechos aislados” minimizan cada hecho empeñándose en hacer más profundo el vacío de poder. Entre los municipios con mayor incidencia de casos se encuentran Actopan, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Pachuca, Tizayuca, Tula y Tulancingo. Grave sin duda lo que ocurre en el estado. Por qué no pensar en mecanismos específicos. ¿Acaso no son prioridad los más de 500 casos? En algunos estados como Guerrero, Chihuahua y Tabasco ya aplican instrumentos especiales para la localización de mujeres extraviadas, como el protocolo Alba, que permite la coordinación inmediata para la búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas y/o ausentes en territorio mexicano. María Esther Arroyo, madre de Leydi Lucero Morales Arroyo, de 20 años, quien desapareció el 9 de marzo en Atotonilco de Tula junto con su bebé de tres meses, asegura haber sido maltratada por las autoridades ministeriales durante el seguimiento a su denuncia. Como ella, hay cientos de víctimas colaterales que padecen todos los días la zozobra de la inseguridad, ¿cuántas mujeres más deben desaparecer para que la indolencia oficial se debilite? La respuesta solo está
en los tomadores de decisiones.
De filón. En un escenario inédito, ayer la capital del estado tuvo dos visiones encontradas, la de los progresistas y los conservadores.

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