Ayer el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) Román Meyer Falcón y los gobernadores de Hidalgo y Estado de México, Omar Fayad y Alfredo del Mazo Maza, respectivamente, firmaron un acuerdo de colaboración en materia de planeación urbana y ordenamiento territorial alrededor del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que será construido en la actual base aérea militar de Santa Lucía. El acuerdo augura, al menos, que tanto los gobiernos estatales involucrados como el federal ya prevén los efectos colaterales que tendrá una obra de tal magnitud sobre el desarrollo urbano de la región donde se ubica Santa Lucía, en los límites entre el Estado de México e Hidalgo. Ya planean, junto con los alcaldes –que con frecuencia ni siquiera son tomados en cuenta– un Programa territorial operativo para la zona norte del Valle de México que, en teoría, permitirá que el nuevo aeropuerto, en lugar de generar caos, implique mayor bienestar para los pueblos. ¿Bienestar? Se preguntará el lector. Así es, la idea es que esa obra de infraestructura que permitirá aliviar la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México produzca efectos económicos colaterales que generen riqueza y trabajo, no lo contrario. Y para ello es necesario tener un plan que permita un crecimiento ordenado. No hacerlo provocará el caos y la anarquía, fenómenos que distinguen a las zonas limítrofes de la capital del país, donde los gobiernos han dejado que el crecimiento siga su propio camino sin mediar contención u orden. Hoy, al parecer, no se repetirá la historia. A ver si no se queda en solo papel. De filón. Luego de que el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Adolfo Pontigo entregó cajas que buscan demostrar la licitud de las cuentas congeladas de la casa de estudios, hace una semana, hoy no se conoce algún avance por parte de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. No obstante, los perjuicios provocados por el bloqueo de cuentas continúa y preocupa la que está destinada a los recursos que proporciona el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y que están orientados a proyectos científicos en desarrollo.

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