Ayer continuó la violencia en Mixquiahuala por la presencia de bandas del crimen organizado. Fue en la localidad El Teñhe donde hubo detonaciones de arma de fuego y un vehículo incendiado, luego del encontronazo entre integrantes de una banda de huachicoleros. Según testimonio de vecinos –las autoridades ni siquiera informan qué pasa–, el enfrentamiento sembró temor en la comunidad, pues la balacera se dio a escasos metros del centro, donde había niños jugando en la cancha de basquetbol y otros estaban en la parroquia del pueblo tomando doctrina. Con los hechos de ayer sumaron dos días de violencia en el municipio, donde el propio ayuntamiento se encuentra rebasado por las bandas criminales que cada día desplazan al gobierno constitucionalmente establecido. Un especialista consultado por este diario consideró que los hechos representan un signo de ingobernabilidad que denota que las autoridades están renunciando a su facultad de garantizar la seguridad a sus gobernados. Están delegando, de manera tácita, esta función a un grupo de criminales cuya actividad principal es la extracción ilícita de hidrocarburo. Lo peor, continuó el académico, es que los habitantes del lugar ya están involucrados en esos delitos al grado de que protegen a quienes delinquen. Por la falta de oportunidades, además, muchos jóvenes ven el huachicoleo como una actividad que les permite el ascenso social. Estamos, como dijimos ayer en este mismo espacio, en la antesala de que en Hidalgo ocurra un fenómeno similar a cuando en Michoacán apareció el cártel denominado La familia michoacana. ¿Y la nombrada Fuerza Especial Conjunta? Ayer arribó un contingente de al menos 50 elementos, aunque no hubo ni detenciones ni nada que cambiara la zozobra en la que viven los habitantes de ese municipio. ¿Hasta dónde va a llegar esta descomposición social? De filón. Y por si faltaran motivos para preocuparse, tenemos que 85.6 por ciento de los delitos cometidos en Hidalgo durante el primer año de implementación del Nuevo Sistema de Justica Penal (2016-2017) quedaron impunes, de acuerdo con un estudio realizado por el centro de análisis de la organización México Evalúa.

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