Falta análisis y cabildeo para despenalizar el aborto en el estado de Hidalgo, fue la afirmación de una diputada del Congreso local; otra afirmó que el aborto no está en la agenda legislativa. Tales enunciaciones expresan la poca claridad que los integrantes de la Cámara de Diputados tienen sobre su función pública. Ellas y ellos tienen como principal trabajo el legislar, tarea que conlleva de manera implícita la salvaguarda del bien público.

Los temas tabú, como la legalización del aborto, generalmente dividen opiniones y polarizan posturas, los diputados y las diputadas están en esa confrontación en varios sentidos, lo primero se debe a sus convicciones personales y sus responsabilidades sociales como representantes populares, en ello es indispensable que los diputados y las diputadas realicen una separación entre sus creencias individuales y su función pública; su convicción personal puede estar en contra de la legislación del aborto, pero su responsabilidad como representante de todos los sectores les dice que las mujeres pobres serán las que tendrán que mantener embarazos no deseados o se realizarán los abortos con los medios a su alcance, pues los servicios públicos de salud les negarán la atención.

Ser representante popular en un estado que ocupa los niveles más altos de pobreza en el país, y en esa población pobre, las mujeres son más pobres; entonces trasladar las convicciones personales que no corresponden a las condiciones y problemas sociales implica faltar a su función central como representantes populares, porque sobreponen sus convicciones personales al bien público al bien de las mujeres que no tienen los medios y recursos para interrumpir un embarazo no deseado.

La existencia de leyes que prohíben las acciones no inhibe su realización, por ejemplo, en su momento se legisló para prohibir la venta de alcohol y tabaco a menores de edad, eso no ha impedido que niñas y niños inicien su consumo a edades más tempranas, porque esa prohibición favorece la compraventa clandestina de alcohol y tabaco a menores de edad; en este consumo prohibido los comerciantes son los favorecidos. Lo mismo que el aborto clandestino, pues profesionales de la salud y otros “especialistas” imponen precios y condiciones a las mujeres que pueden pagar sus servicios.

Luego que los diputados y las diputadas de manera individual han logrado conciliar sus convicciones personales y los problemas y acciones sociales que deben impactar, ocurre la confrontación con los intereses de las bancadas de sus partidos, esos que están más atentos por asegurar su permanencia y dominio en la legislatura, que por cuidar el bien común, pues nos han convencido de que lo popular es lo mejor para el pueblo, para ello otro ejemplo: la música de banda que poco a poco ha desplazado en el gusto musical otras opciones, tiene en las letras de sus canciones afirmaciones que reproducen el sistema machista que cosifica, sanciona y castiga a las mujeres. En el grueso de las canciones de banda, las letras hacen de la mujer objetos de consumo y desecho masculino. Con lo anterior, me atrevo a afirmar que lo popular no necesariamente es bueno para el bien común.

Me parece que es momento de que los diputados y las diputadas piensen sobre el trato que nos están dando como ciudadanos y ciudadanas: los varones tienen todos los derechos sobre sus cuerpos, las mujeres somos vistas como ciudadanas de segunda o menores de edad que requerimos ser vigiladas en nuestros cuerpos y decisiones, todo porque los integrantes de la Cámara de Representantes no tienen voluntad de separar sus convicciones individuales del bien común público, como es la salud y respeto de los cuerpos femeninos.

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