Iván Espino, Roberto Zapata y Martha Gaona

“Los derechos son nulas declaraciones, simples palabras, sino se provee de medios para hacerlos efectivos”
Ignacio Vallarta

Para alcanzar una justa y duradera paz entre las personas y los pueblos del mundo, después de la segunda Guerra Mundial Europa reconstruyó su arquitectura jurídica (Alemania con la Ley Fundamental de Bonn e Italia con su Constitución de 1956) posicionó a la Constitución en el centro de un sistema complejo de normas para optimizar el desarrollo sensible de ideales con validez universal, aquellos que son explicados por la teoría neoconstitucionalista como principios, y que Immanuel Kant había pensado desde Fundamentos de la metafísica de las costumbres como una concepción metapositiva del derecho. Ello implicó una evolución de Estado de Derecho en su concepción simple a la de un Estado constitucional: interpretar todo el sistema jurídico conforme a una norma central, en la que se establece con claridad la división de poderes y un catálogo de derechos fundamentales.

La Constitución como norma central deja de entenderse como un simple conjunto de decisiones políticas fundamentales y se concibe como un instrumento que reconoce principios para optimizar criterios rectores en el ámbito público y privado, estandarizando rigurosamente –para efectos interpretativos– un parámetro de control de regularidad o validez de todas las normas, a través de un estudio de constitucionalidad y convencionalidad en doble aspecto: difuso y concentrado; en otras palabras, la Constitución deja de ser una carta de buenas intenciones para pasar a ser una herramienta de eficacia jurídica. Esta idea, explica Luis Roberto Borroso, no se entiende desde una perspectiva positivista o naturalista del derecho, ya que si bien observa a este desde un aspecto axiológico, no parte de ideas absolutamente abstractas del campo de la metafísica, sino con ideas de tipo moral que se hacen exigibles en lo jurídico: se juridifican (se promueve la vinculación del derecho y la moral, con permanencia de parámetros básicos positivistas como lo es la legalidad y la validez).

El rol de los principios en el Estado constitucional no es el de legitimar carismáticamente a los derechos fundamentales, cubriéndolos con un discurso emotivo que, a decir por don José Ramón Cossío Díaz, no concuerda con el discurso que trata de racionalizar la aplicación del derecho a través de la argumentación, por el contrario, el rol de los principios es el de estructurar una base para la realización de operaciones jurídicas muy finas que deben tener cierta consistencia en su razonabilidad y objetividad.

En ello juega un papel crucial la figura del juez, quintando la apariencia de amo y señor del derecho al legislador que se daba en el Estado de Derecho en su forma simple, porque –como lo aseveró León Fuller– el papel de quienes interpretan la Constitución debe estar basado en las necesidades del gobierno democrático y en la naturaleza humana, ya que un gobierno democrático solo es entendido bajo un marco de derechos fundamentales con eficacia jurídica y la presencia de una jurisdicción especial para controlar la constitucionalidad de las leyes, cuyo trabajo esencial consiste en la realización de operaciones argumentativas muy rigurosas de expresión de los distintos contenidos jurídicos, sin incurrir en falacias o en ir más allá de ciertos cánones para efectos interpretativos.

El trabajo por la paz que se hace desde el Estado y desde el derecho exige el compromiso de todos al respeto de procedimientos regulares y estándares normativos justificados a partir de valores constitucionales.

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