Talina Merit Olvera Mejía
Área académica de ciencias políticas y administración pública

La crisis sanitaria provocada por la pandemia ha tenido efectos no solo en el ámbito de salud, sino también en otras áreas igual de prioritarias para la población. La pérdida de empleos ha afectado gravemente la economía de muchas familias, lo cual repercute en la satisfacción de sus necesidades básicas. La educación de manera virtual pone en riesgo el aprendizaje y la permanencia de muchos niños, niñas y adolescentes dentro del sistema educativo, quienes corren el riesgo de abandonar la escuela para trabajar y aportar a la economía familiar. Estos problemas se agravan en las zonas marginadas y entre los grupos más vulnerables de nuestro estado y del resto del país. Si en México habíamos avanzado en términos de desarrollo, la crisis provocada por el coronavirus (Covid-19) nos hará retroceder en lo ganado. Ante este escenario, y con la incertidumbre por los impactos de la pandemia, una pregunta legítima no solo de los gobernantes sino del resto de la población es, ¿cómo hacer frente a lo que está por venir? ¿Cómo responder ante los problemas que está generando la crisis sanitaria? ¿Cómo mantener, o que no disminuyan de manera drástica, los índices de desarrollo en la región? ¿Cómo generar tranquilidad y confianza entre la población? Estas preguntas nos ponen en un escenario de imperiosa toma de decisiones, pero no de cualquier decisión, sino de decisiones oportunas y pertinentes que atiendan los problemas económicos y sociales generados por la crisis sanitaria. La respuesta a estas preguntas es sin duda compleja. Sin embargo, dentro de las administraciones públicas se llevan a cabo evaluaciones a las acciones públicas, que bien diseñadas y realizadas, pueden generar información útil y relevante para la toma de decisiones.

A pesar de que el actual gobierno federal ha puesto en entredicho la contribución de la evaluación al bienestar de la población, es una realidad que cada vez más la evaluación está en las agendas públicas de los gobiernos locales y es reconocida por sus aportes al entendimiento y solución de los problemas públicos. Y esto no puede ser de otra manera, para que la evaluación consiga permear y brindar información y conocimiento esta debe ser reconocida por las autoridades públicas, por quienes asignan los presupuestos, por los tomadores de decisiones, por quienes implementan los programas públicos, y por el resto de la ciudadanía como una actividad legítima y que contribuye a mejorar las decisiones y acciones públicas y, por ende, la calidad de vida de la población. Hoy más que nunca se necesita de información y evidencia confiable y precisa que guíe las decisiones de política pública. Por evidencia me refiero a estudios sistemáticos y rigurosos, realizados por expertos y especialistas en los distintos temas y áreas en cuestión. Si por mucho tiempo el papel de los investigadores y especialistas se ha menospreciado, por percepciones relativas la falta de sensibilidad política o por sus propuestas ajenas a la realidad, considero es el momento de escuchar sus aportes y utilizar su expertis para tener una mirada más objetiva y completa de los problemas públicos y de sus soluciones.

En ese contexto, es apremiante, por una parte, que los gobiernos hagan efectiva su atribución, que normativamente tienen, de realizar evaluaciones a las acciones públicas. Los programas que ya se están implementando y los que están por crearse necesitan de evaluaciones que generen información sobre su funcionamiento, sus resultados y su aporte en el cambio de vida de las personas. Por otra parte, la evaluación y la evidencia no debe limitarse a señalar lo que se ha logrado o no; las evaluaciones deben dirigirse también hacia saber por qué no se ha cumplido con los objetivos del programa, qué ha causado que los efectos en la población objetivo no sean los deseados. Solo la identificación de estos factores ayudará a entender y abordar los problemas y acciones públicas de tal manera que garanticen una mayor probabilidad de cambio y de mejora en las condiciones de vida de la población. Si nos damos cuenta, la evaluación más que una actividad punitiva que produce temor y resistencia, es principalmente una actividad que genera aprendizaje basado en evidencia, aprendizaje que sirve para orientar el futuro.

En este contexto, Hidalgo cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación. El reto es hacerlo aún más operativo, que genere datos certeros sobre la situación actual, que realice evaluaciones en áreas y programas sensibles que arrojen información relevante y útil sobre la respuesta del gobierno ante los efectos de la crisis sanitaria y económica. Sin embargo, estas acciones no serían suficientes sino se acompañan de adecuados canales de difusión de la información y de los medios formales que faciliten e incentiven la toma de decisiones basada en evidencia dentro de la administración pública. Estamos en un momento donde la información es elemental para responder al rezago que se avecina en cuanto a desarrollo y bienestar social. El comenzar a trabajar en una cultura de la información y de la evaluación será decisivo para responder a la altura de la situación. Ante esta nueva realidad no podemos permitirnos el lujo de considerar información falsa o dudosa dentro del proceso de toma de decisiones para resolver los problemas que la pandemia está y seguirá generando en nuestro estado y país. Como ciudadanos deberíamos estar más atentos a que las decisiones tomadas en el ámbito de desarrollo social se basen en información y evidencia rigurosa. Esto, definitivamente, abonará en la confianza de los ciudadanos hacia los gobernantes y hacia las decisiones que toman.

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