Entre estas la relativa a elaborar un padrón nacional de morosos por pago de pensiones alimenticias

Pachuca.- Casi cinco meses después continúan pendientes por aprobar en la Cámara baja al menos media docena de propuestas de iniciativa con punto de acuerdo presentadas por la hidalguense Carolina Viggiano, entre estas la relativa a elaborar un padrón nacional de morosos por pago de pensiones alimenticias.
De acuerdo con la primera visitaduría general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tres de cada cuatro hijos de padres separados y 67.5 por ciento de los hogares sostenidos por mujeres no reciben pensión alimenticia como consecuencia de una serie de argucias que los deudores implementan para evadir esa responsabilidad.
Ello se debe a que el marco jurídico actual, pese a que se han creado todo tipo de garantías para asegurar el pago no regula mecanismos lo suficientemente eficaces que resulten ineludibles para el deudor.
Por ello es pertinente crear un registro nacional de deudores alimentarios morosos de carácter público que administre una base de datos de las personas que no cumplen con sus obligaciones alimentarias.
Esta y otras cinco iniciativas con propuesta de punto de acuerdo fueron registradas a nombre de la legisladora Carolina Viggiano en la Cámara de Diputados desde el 8 de marzo, sin embargo se mantienen pendientes por aprobar.
Entre estas destaca también el proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer que las órdenes de protección contenidas en la ley puedan ampliarse y mantenerse el tiempo que sea necesario para proteger a la víctima hasta que deje de estar en riesgo.
Además el 29 de marzo Viggiano propuso crear un ordenamiento jurídico para proteger y promover las buenas prácticas comerciales competitivas, a lo largo del ciclo comercial y hasta la oferta de mercancías al consumidor final, con el objetivo de generar seguridad jurídica, facilitar la solución conciliada de conflictos, sancionar las conductas contrarias a las prácticas comerciales competitivas y contribuir a la salvaguarda de los derechos de las y los consumidores finales.

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