Víctor Fuentes / Agencia Reforma / Ciudad de México.-

Un magistrado federal notificó el primer requerimiento oficial a las autoridades para que cumplan cuatro sentencias de amparo que desconocen la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y ordenan la creación de una comisión de la verdad y la justicia para indagar el caso.
Sabino Pérez García, titular del tercer tribunal unitario en Reynosa, comunicó los fallos del primer tribunal colegiado del décimo noveno circuito, según los cuales en 10 días tiene que estar lista la comisión, que deben integrar representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la PGR, sin que puedan participar fiscales o peritos que indagaron previamente el caso.

La PGR podría intentar impugnar la orden de crear la comisión por invadir la esfera de atribuciones exclusivas para investigar los delitos, que le otorga el artículo 102 de la Constitución.
Los amparos ordenan que “las líneas de investigación y pruebas a practicarse serán determinados por la representación de las víctimas y la CNDH”, dejando al Ministerio Público como mero asistente.

Los amparos incluyen una “petición” al presidente de la República para que su gabinete colabore con la comisión, y otra a la Cámara de Diputados, para que le autorice presupuesto.
La supervisión del cumplimiento corresponde al magistrado Pérez García, pero la logística podría ser complicada y prolongarse durante meses, pues todos los desacuerdos o dudas sobre el funcionamiento de la comisión tendrían que ventilarse ante el tribunal unitario en Reynosa.
La otra parte de los amparos, que la PGR no puede impugnar, anula los autos de formal prisión por delincuencia organizada contra Salvador Reza Jacobo, Felipe Rodríguez Salgado, Gildardo López Astudillo y Miguel Ángel Bahena Landa, presuntos integrantes de Guerreros Unidos que confesaron el secuestro, asesinato y quema de los normalistas en septiembre de 2014.

En ese caso, Pérez García requirió el cumplimiento a su colega Arturo Morales Serrano, del segundo tribunal unitario en Matamoros, quien tiene que dejar sin efecto los autos de prisión.
Acto seguido, Morales ordenará al juez primero de procesos penales en Matamoros David Calderón Blanc que reabra el proceso contra los acusados.
La más importante es que la PGR presente un dictamen independiente con base en el Protocolo de Estambul para aclarar si los acusados fueron torturados.
De no presentarse ese dictamen en 10 días, el tribunal colegiado ordenó tener por hecho que hubo tortura.

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