Lo que sucede en Atotonilco de Tula es grave y quizá ya sea necesario que intervenga un tercero para evitar que la población de ese municipio resulte afectada. Desde hace ya varios meses, la firma Cemex y el ayuntamiento protagonizan un conflicto derivado del cobro del impuesto predial. Según la alcaldía, Cemex se ha negado a pagar el impuesto predial a una tasa actualizada. En contraste, Cemex aduce que la alcaldía pretende cobrar el impuesto, pero aumentándolo de manera arbitraria. Este conflicto llevó a que el apoderado legal de Cemex acudiera al ayuntamiento acompañado de un notario público para pagar sus contribuciones relativas a licencias de funcionamiento e impuesto predial. No obstante, la transacción no pudo llevarse a cabo pues la alcaldía argumentó que, debido al proceso de actualización de los valores catastrales, antes debía realizarse una inspección óptica dentro de la empresa. Cemex no es la única empresa que acusa al ayuntamiento de Atotonilco de Tula. Ayer, un grupo de empresas acusó hostigamiento y extorsión y amenazó con retirar sus inversiones del municipio. En un contexto en el que el empleo es escaso en todo el país, el ayuntamiento debería reconsiderar su política, pues podría causar daño serio a la economía de la región. No obstante, es lícito velar por los intereses de sus gobernados y pugnar por una recaudación justa por parte de las empresas. Sin embargo, debe hacerlo de forma abierta, sin que se preste a interpretaciones. Ningún gobierno puede echar mano de una política de hostigamiento contra quien invierte en una demarcación. De filón. Cada quién su forma de elegir candidatos. Pero, ¿mediante una tómbola? ¿Qué racionalidad y qué criterios cualitativos pueden encontrarse de esa manera?

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