El reciente 21 de mayo, Enrique Peña Nieto nuevamente se evidenció al ignorar cuándo se fundó el Instituto Politécnico Nacional (IPN) al mencionar: “Sepamos reconocer el avance y el logro, y contrastarlo con el México que éramos cuando se creó el IPN, ya hace poco más de 40 o 50 décadas”. El primero de enero de 1936 se creó esa institución mediante decreto presidencial, firmado por el general Lázaro Cárdenas del Río, hace 82 años y no 400 o 500 años, como lo dijo Peña Nieto.

La creación del IPN no es un hecho histórico aislado, ni de poca significancia, sino por el contrario, es el resultado de la transformación de la enseñanza técnica en el país; surgió de un proyecto nacional que se dio a partir de los postulados de la Revolución mexicana, aunque Peña Nieto no lo reconozca.
¿Qué ha hecho la administración de Peña Nieto para fortalecer lo científico-tecnológico? Recortar presupuestos a la educación. Ni siquiera intentó cumplir con lo que establece el artículo 25 de la Ley General de Educación, con respecto a destinar por lo menos el 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) a la educación. En materia de investigación y desarrollo se comprometió a llegar al uno por ciento del PIB, y solo llegó al 0.5 por ciento.

La inestabilidad económica, social y política del país está en el umbral de la anarquía. Desde 2013 y hasta este año, el 40 por ciento de la población nacional es considerado en estado de pobreza laboral, porque su ingreso no es suficiente para alimentar a una familia.
Según cifras oficiales, el empleo es de 4 por ciento, pero el desempleo es de 8 y la media nacional de la informalidad es de 57 por ciento; en entidades como Oaxaca e Hidalgo, la informalidad llega a 87 y 77 por ciento, lo que deriva en que el 63 por ciento de la población no tiene acceso a la salud, por lo que se creó el Seguro popular, pero es el inicio de la privatización de lo que fuera un derecho.
A pesar del compromiso de que el PIB creciera al 7 por ciento, que apenas llegamos a un raquítico 2 por ciento en lo que va de sexenio. Pero ese crecimiento no genera beneficio social a los necesitados, solo a los altos funcionarios y dueños de las grandes empresas, sobre todo a las transnacionales.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) indica que un país debe producir el 75 por ciento de los alimentos que consume para no ser vulnerable a las presiones de los mercados globales. En la década de 1980, los mexicanos importábamos el 10 por ciento de nuestros alimentos, pero hoy las importaciones representan el 50 por ciento, de lo cual Estados Unidos (EU) nos vende el 75 por ciento.

Gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), todavía en vigor, se perdieron 2 millones de empleos agrícolas en 2007 porque los subsidios se otorgaron a los grandes productores y a las comercializadoras transnacionales, en lugar de apoyar a los pequeños productores agrícolas.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la industria registra un crecimiento promedio de tan solo 1.9 por ciento de 2014 a 2018. La deuda, Peña Nieto la incrementó en más de 10 billones de pesos, equivalente al 48 por ciento del PIB, considerada como de alto riesgo.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la inversión extranjera directa (IED) transnacional propicia la vulnerabilidad financiera, contribuyendo al endeudamiento, pero eso sí, vienen a explotar tanto nuestros recursos naturales como la mano de obra barata; inversiones que no generan transferencias tecnológicas y de conocimientos, no es útil para las economías que las reciben.
Esta situación caótica es obra del régimen de Peña Nieto, que propicia el incremento de la corrupción e impunidad, al grado de poner al país en código rojo por el desbordamiento de la violencia; según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en 2017 se denunciaron casi 2 millones de delitos de todo tipo.

La violencia ya ha impactado a las empresas, pues en lo que va del año son ya mil 200 negocios que han cerrado en Guerrero, no solo es Femsa-Coca Cola, sino también en Chihuahua la minera Pan American Silver suspendió operaciones, Lala cierra su filial en el municipio El Mante, en Tamaulipas, y en Michoacán gobierna el crimen organizado.
La criminalidad, despojada de toda consideración humana y envalentonada por la impunidad, flagela despiadadamente a la sociedad sin distingo. Pero lo peor es el fraude electoral que viene, se inicia con el debilitamiento institucional de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y del Instituto Nacional Electoral (INE), ya el propio consejero presidente Lorenzo Córdova manifestó que no puede garantizar unas elecciones sin fraude.
¿Aun así Peña Nieto pide que le reconozcan sus logros? Es el colmo del cinismo, ¿no lo cree usted?

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