El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer en conferencia de prensa que promoverá endurecer las penas contra el delito de robo de hidrocarburo, mejor conocido como huachicoleo. El jefe del Ejecutivo federal advirtió que, sin que exista una cifra clara de lo que se extrae ilegalmente, se calcula que en nuestro país se roban entre 50 y 70 mil millones de pesos cada año por concepto de combustible. Esa cifra es superior, por ejemplo, al presupuesto que recibe nuestra entidad, que el año pasado fue apenas superior a los 40 mil millones de pesos. De ese tamaño es la sangría que implica el robo de hidrocarburo en todo el país y que se ha centrado en aquellos estados que tienen refinerías o en cuyo territorio cruzan ductos que transportan el energético. Hidalgo es un estado especialmente afectado por ese delito, a tal grado que disputa con Puebla el primer lugar en el número de tomas clandestinas detectadas. El plan de López Obrador busca, de entrada, evitar que quienes son detenidos por ese delito salgan casi de inmediato, pues hoy el delito no es considerado grave, de modo que basta pagar una cómoda fianza para recuperar la libertad. Con la fuerza que tiene actualmente el partido del presidente en el Congreso de la Unión, es casi un hecho que las penas contra el huachicol serán endurecidas. No obstante, lo siguiente y urgente será capacitar a los ministerios públicos para que integren bien las carpetas de investigación y que quienes sean aprehendidos por ese delito no sean liberados por falta de pruebas, como regularmente sucede. Al menos el primer paso está dado. De filón. “Para fortalecer el ecosistema y contribuir a la conservación del equilibro natural en la región de Actopan” la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) liberó a 20 venados cola blanca, con el argumento de que tales ejemplares permitirán la existencia de otras especies, en particular la del puma concolor que causó revuelo en la población tras aparecer en zonas donde no es común avistarlo.

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