En este diario hemos dado seguimiento al fenómeno de los desaparecidos en Hidalgo y podemos corroborar que es un asunto al que las autoridades les tiene sin cuidado. Y de eso dieron testimonio ayer activistas y familiares que denunciaron que las autoridades estatales siguen sin hacer un protocolo para buscar personas extraviadas y, por tanto, no han sido capaces de construir el registro estatal de personas cuyo rastro es desconocido. Tampoco han llevado a cabo un proceso funcional y transparente de selección del titular de la comisión de búsqueda de personas, el cual ha sido ajeno a activistas y familiares que han vivido en carne propia la pesadilla de perder a un ser querido sin tener rastro de él. Es decir, para acabar pronto, ese asunto no le interesa a las autoridades. Por eso los inconformes pidieron que mejor se emita una nueva convocatoria, pero bien hecha, y retirar a los dos candidatos que buscan ocupar la comisión de búsqueda y que, todo parece indicar, son ajenos a ese problema que nos debería interesar a todos en nuestra entidad. Una investigación llevada a cabo por este diario encontró que en los últimos 13 años, más de mil 700 personas fueron reportadas como desaparecidas en Hidalgo, aunque ese fenómeno se agravó en los últimos tres años, cuando ocurrieron al menos 50 por ciento de los casos. No obstante, al parecer a las autoridades eso les sigue pareciendo poco o un asunto sin demasiada importancia. De filón. Y así como no inquieta al gobierno el número de desaparecidos, tampoco se ve mucho interés en que se cumpla la Ley de Víctimas, pues desde 2014, en que se aprobó la ley en la materia, no se ha publicado ni el reglamento ni la convocatoria para la comisión estatal de víctimas. Por eso, ya de plano la diputada Susana Ángeles Quezada propuso suspender la ley vigente en la materia y empezar de cero: hacer y aprobar una nueva.

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