Juan Moreno

Quienes conocen de leyes, no logran entender la actitud asumida por la presidenta de la junta de gobierno del Congreso local María Luisa Pérez Perusquía, en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Y es que, no obstante ha quedado debidamente demostrado que la razón jurídica asiste a la máxima casa de estudios de la entidad en la lucha que ha sostenido por defender su autonomía, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se aferra a no querer reconocer la resolución del Poder Judicial.
Con su extraña actitud de minimizar el hecho de que la institución educativa ganó ya en el juzgado federal el amparo definitivo en contra los intentos por imponerle un auditor externo, al anunciar que interpondrán el recurso de revisión, lo único que ha logrado la representante popular es, por un lado, mostrar que es poco ducha –por decir lo menos– en los asuntos legales y, por el otro, despertar entre los conocedores del derecho y gran parte de la sociedad en general, inquietudes sobre los reales motivos que hay detrás del proceder de la priista.
Ello, porque a decir de los que saben del tema, resulta hasta cierto punto no solo necio, sino hasta irresponsable atacar “una sentencia federal lógica y contundente”, que se sustenta en la defensa a una garantía plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera específica en la fracción séptima del artículo tercero, como lo es la autonomía universitaria.
Prueba también de ello es lo expuesto por el reconocido jurista Raúl Carrancá y Rivas, quien el jueves pasado calificó la decisión del Congreso local como un “desacato”, porque ya el amparo fue concedido y la ley es terminante.
Pero lo más patético del asunto es que con ese proceder la legisladora no solo ha evidenciado tanto su persona como a su equipo de abogados por las muestras de escaso conocimiento del derecho, sino que además ha puesto en entredicho su honorabilidad, al no saber cumplir su palabra.
Esto último, porque como se recordara, cuando comenzó el conflicto con la UAEH, por el decreto 228 relativo a la creación de órganos internos de control, Pérez Perusquía declaró, hasta en dos ocasiones diferentes, que aceptaría el fallo de las autoridades judiciales.
Durante dos entrevistas concedidas a diferentes medios de comunicación –los días 7 y 23 de noviembre de 2017– la legisladora hizo eco a lo expuesto en su oportunidad por el gobernador Omar Fayad Meneses, en el sentido de que acataría la resolución del juzgado federal sobre el recurso interpuesto por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Sin embargo, en franca contradicción a la palabra empeñada, la militante del partido tricolor, tras conocer que el Poder Judicial le concedió el amparo a la UAEH, anunció el pasado 29 de enero que el Congreso local interpondría un recurso de revisión.
De esa forma, y conforme se han dado las cosas con los triunfos de la UAEH en tribunales, el Poder Legislativo hidalguense no solo corre el riesgo de quedar nuevamente en evidencia por su falta de pericia en el ámbito jurídico, sino también por la carencia de tacto político y hasta ético de su presidenta, María Luisa Pérez Perusquía.

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