En Hidalgo puede repetirse el fenómeno del “fiscal carnal” que está presentándose en varios estados de la República, donde los fiscales anticorrupción designados por sus respectivos congresos carecen de autonomía e independencia respecto del gobernador, ya que se trata de altos funcionarios en activo de las procuradurías estatales con estrechos nexos laborales, de amistad y subordinación con los titulares del Poder Ejecutivo de esas entidades federativas.
El tema del nombramiento del fiscal anticorrupción ha pasado casi inadvertido para la mayoría de los hidalguenses debido a que su atención ha sido captada por la situación de emergencia ocasionada por los sismos del 7 y 19 de septiembre en Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Morelos, Puebla y Ciudad de México, sin embargo, se trata de un asunto de suma trascendencia para los ciudadanos que buscan un real combate a la corrupción y el fortalecimiento de la rendición de cuentas en la entidad.
Cabe recordar que la pretensión del PRI y del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de impulsar el “pase automático” para que el actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Raúl Cervantes se convirtiera automáticamente en el primer fiscal anticorrupción de la nación, le dieron “pa’ atrás” por presión de diversas organizaciones de la sociedad civil que estaban en contra de los nexos de amistad entre Cervantes y Peña Nieto.
Hace unos días, el Congreso del Estado dio a conocer la lista de los 10 aspirantes finalistas seleccionados por los legisladores de un total de 36 que se inscribieron inicialmente. En dicha lista aparecen en los primeros cinco lugares los nombres de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo que pretenden tener “pase automático” para convertirse en el primer fiscal anticorrupción de la entidad: Ricardo César González Baños, subprocurador de procedimientos penales región poniente; José Luis Mendoza Gamiño, titular de la dirección del centro de atención temprana (CAT), región poniente; Julio César Trujillo Meneses, director general de investigación y litigación región oriente; Adolfo Barrón Hernández, director del CAT región oriente y Eduardo Cabrera Hernández, director del centro de justicia restaurativa, en ese orden.
El asunto de fondo es que si la designación recae en alguno de esos “cinco” funcionarios de la procuraduría estatal, Hidalgo estaría reproduciendo el caso del “fiscal carnal” que empujaban el PRI y la presidencia de la República, y que ha sido replicado en otras entidades federativas, donde el combate a la corrupción e impunidad no es más que una simulación porque ningún funcionario nombrado por el gobernador morderá la mano de su “patrón”.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en su artículo cinco ordena: “Son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito”. La anterior disposición de la norma no se cumple en el caso de los cinco aspirantes de la procuraduría estatal.
Cabe destacar que el Congreso estatal turnó dicha lista de 10 aspirantes al gobernador Omar Fayad Meneses para que la revise, analice y remita, el 30 de septiembre, una terna que será sometida a consideración del pleno del Congreso del estado, cuyos integrantes (dos terceras partes) deberán designar al nuevo fiscal anticorrupción de la entidad para los próximos nueve años. El límite para conocer el nombre del titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción es el 5 de octubre, conforme a la convocatoria.
La alerta sobre la posibilidad de que Hidalgo tenga a un “fiscal carnal” no es gratuita, ya que para nadie es un secreto que los gobernadores suelen controlar fácilmente a los congresos locales por lo que pueden imponer procuradores y fiscales a su gusto.
Además, ahí están los ejemplos de Veracruz y de Quintana Roo, donde los exgobernadores Javier Duarte y Roberto Borge, respectivamente, intentaron imponer fiscales transexenales que les garantizaran impunidad. Hoy, Javier Duarte está sujeto a proceso por un presunto desvío de recursos públicos, mientras que Borge está sujeto al proceso de extradición para que responda ante la autoridad mexicana también por un presunto desvío de fondos públicos.
Los hidalguenses tienen la enorme oportunidad de impedir que el nuevo fiscal anticorrupción que será designado en octubre próximo resulte un subordinado del gobernador, carente de autonomía e independencia para obrar con libertad y sin compromisos conforme a la ley.
Es por eso que se requiere un profesionista sin compromisos con partido político o grupo religioso, un profesionista que tenga conocimientos teóricos prácticos en materia penal, que no provenga de antecedentes con cargos en la administración pública, y solo se le remueva en el cargo, que tenga experiencia probada en el litigio y que esté preparado académicamente con conocimientos amplios en la materia; para que pueda abonar a un México enclavado en el cuarto lugar mundial de impunidad y, por ende, de corrupción. Lo contrario se llama simulación e iría contra la política emprendida por el Ejecutivo: “Cero tolerancia a la corrupción”. Nunca es tarde para empezar. ¡Empecemos a cambiar a México!

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