Como ya había anunciado el año pasado el senador morenista Ernesto Pérez Astorga y la entonces iniciativa con proyecto de decreto de la nueva Ley de la Propiedad Industrial, manifestado en la exposición de motivos que, en estos 25 años, México ha consolidado su sistema de propiedad industrial, el 5 de noviembre del presente año entró en vigor la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), la cual fue publicada el primero de julio en el Diario Oficial de la Federación y que abroga a la Ley de la Propiedad Industrial de 1991. Con muchas opiniones a favor y algunas no tanto, la realidad es que esta nueva disposición ya era una realidad tras la celebración del T-MEC.

Una de las varias novedades que prevé la LFPPI en materia de marcas, son las caducidades y nulidades parciales respecto de algunos de los productos o servicios que estas protejan. Es decir, aquellas marcas que fueron solicitadas al amparo de todos los productos o servicios comprendidos en alguna de las 45 clases internacionales pero que solo comercializan uno dentro de los incluidos en la clasificación, el registro caducara parcialmente respecto de los productos en los que no acredite el uso. Es decir, si la marca fue solicitada en clase 29 [Carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extracto de carne, frutas y verduras, hortaliza y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles] pero su titular solo comercializa productos lácteos, la marca conservara su vigencia solamente respecto de productos lácteos, eliminando al resto de su esfera de protección.

Otra de las novedades en materia de signos distintivos es la relacionada con la vida de la marca y la fecha a partir de la cual será considerada su vigencia. En la Ley de la Propiedad Industrial la vigencia contaba a partir de la fecha de presentación de solicitud de marca con independencia de los meses que le tomara el instituto emitir el título. Mientras que con la LFPPI la vigencia cuenta a partir de la fecha de concesión del registro y no de la presentación.

En materia de patentes, la controversial figura del certificado complementario, el cual consiste en el ajuste de la vigencia de la misma por un periodo de cinco años, cuando en la tramitación de una patente existan retrasos irrazonables, atribuibles al instituto. Lo cual ya ha empezado a cobrar los primeros reclamos.

A título personal, lo que más me sorprende de este nuevo ordenamiento son las facultades de recaudación que se han conferido al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien no solo podrá determinar en cantidad líquida el monto de las multas que imponga y de sus accesorios sino que también podrá requerir su pago y recaudar el crédito fiscal resultante a través del procedimiento administrativo de ejecución en términos del Código Fiscal de la Federación.

No obstante, sus atribuciones recaudadoras, podrá condenar al pago de daños y perjuicios causados al titular afectado dentro de un procedimiento administrativo de infracción, así como cuantificar el monto de la indemnización. Lo cual me parece muy interesante pues las acciones de daños y perjuicios derivadas de una resolución firme emitida por el área contenciosa del instituto y ventiladas a través de una autoridad judicial no han sido del todo exitosas.

Como esos, hay varios cambios en la nueva legislación que esperamos cumplan con el objetivo de actualizar y mejorar el sistema de propiedad industrial en México y eficientizar las medidas de protección a los mismos.

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