A la pandemia y crisis mundial por el coronavirus, o Covid 19, se suma la irresponsabilidad y conveniencia de los medios de difusión en nuestro país. En toda sociedad, el papel del periodismo es esencial para mantener a las comunidades debidamente informadas y orientadas. Sin embargo, en nuestro país la inercia del manejo a modo de concesionarios de radio, prensa y TV, de acuerdo con sus intereses económicos y políticos, revierte esa noble función que les concierne.

Dos hechos escandalosos signan parte de ese escenario de mentiras e indiferencia mediática a la función del periodismo: el Diario de Juárez y el Diario de Chihuahua el 14 de abril ilustraron una nota sobre muertes en la ciudad con una fotografía de Ecuador, donde se muestra una habitación llena de cadáveres en bolsas negras (“Prueban con fotos muertes por Covid”, https://diario.mx/juarez/prueban-con-fotos-muertes-por-covid-20200414-1651655.

html), bajo el supuesto de denunciar el encubrimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el número real de decesos.

Tres días después, el 17 de abril, en el noticiero “Hechos de la noche”, en un alarde de “indignación” o de “mesías de la verdad periodística”, el conductor Javier Alatorre llamó a su audiencia a desobedecer las prevenciones de la Secretaría de Salud federal (Ssa) en voz del subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo López Gatell Ramírez. Textualmente desacreditó la política pública ante esta emergencia sanitaria: “Sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López Gatell”.

El poder de la letra, la imagen y la palabra fueron usados por esos medios para desorientar y alarmar, olvidando o ignorando, o quizá desconociendo, que sus públicos tienen derechos, que son tan sagrados como la libertad de expresión misma. En este entendido, en 2013 se emitió un decreto de reforma constitucional para modificar el artículo sexto, fracción sexta, del apartado B, reconociendo los derechos de las audiencias y sus mecanismos para defenderlos. Los criterios que enmarcan estos derechos son los propios de cualquier código de ética periodístico: acceso a la información, veracidad y objetividad en la información, no discriminación, entre otras.

En el caso de los medios impresos, la Secretaría de Gobernación informó que la comisión calificadora de publicaciones y revistas ilustradas de la unidad de normatividad de medios “dará curso al procedimiento para determinar lo que corresponda y, en su caso, imponer las sanciones a las que haya lugar”. La moneda sigue en el aire.

La reacción al caso de la televisora de la misma Secretaría de Gobernación, a quien le compete y tiene autoridad para llamar a cuentas a los responsables de este llamado a la desobediencia, fue emitir un apercibimiento público donde “se le conmina a la televisora conocida públicamente como Televisión Azteca a cumplir con las disposiciones del consejo de salubridad general, en el marco de emergencia sanitaria como lo es la pandemia por el Covid-19.

“De conformidad con la Constitución y la legislación aplicable, se le apercibe a manifestar públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias contenidas en la declaratoria de emergencia sanitaria, sumándose al frente común convocado por la Secretaría de Salud.

“Con independencia de lo anterior, el artículo cuarto constitucional establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El artículo sexto de nuestra Carta Magna garantiza que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, a menos que perturbe el orden público.

“Haciendo de su conocimiento, que, en caso de incumplimiento, esta secretaría iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la ley.

” La respuesta de TV Azteca fue dar espacio al subsecretario López Gatell en entrevista con el mismo conductor, Javier Alatorre, pero el daño está hecho: se violaron los derechos de las audiencias, se hizo un llamado indiscriminado a la desobediencia y mostró el “músculo” de la impunidad en un país que como nunca requiere de medios y comunicadores con ética y de nivel. En el caso de los medios impresos, lo publicado está y será difícil explicar a todos y cada uno de sus lectores que las fotografías no corresponden a su ciudad, que todo fue un montaje, una mentira.

Los lectores y las audiencias tienen derechos y cuando se incumplen lo mínimo es sancionar y dar mensajes congruentes, sin embargo, quien realmente tiene la última palabra siempre será el público de medios y como parte de ese poder, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) y el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc) emitieron un comunicado señalando que el acto del conductor del noticiero de TV Azteca “viola el derecho a la información de las audiencias (artículo sexto constitucional) en un momento en donde esa es crucial para evitar contagios y eventuales deceso. Por otro lado, desatiende la naturaleza de interés público de los medios audiovisuales, que en momentos de emergencia nacional reclama la atención masiva de los ciudadanos a los organismos que el Estado ha facultado para coordinar la respuesta. Llamar a ignorar esos organismos desestabiliza dicha respuesta y pone en riesgo de contagio y eventual deceso a la población.

“En aras de cumplir con las obligaciones contraídas en su título de concesión, el medio tiene la obligación de rectificar ese irresponsable exhorto y en lo subsecuente darle un tratamiento profesional a sus señalamientos críticos.

” Algo está cambiando y el poder del público de los medios se empieza a sentir, solo falta que las instituciones se pongan al nivel.

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Josefina Hernández Téllez
Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM y especialista en estudios de la mujer por El Colegio de México. Periodista colaboradora en medios desde 1987. Defensora de lectores y articulista del diario Libre por Convicción Independiente de Hidalgo. Integrante del consejo editorial de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC. Docente universitaria desde 1995 en la UNAM. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 2008. Integrante y cocoordinadora del grupo de investigación Género y Comunicación en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Línea de investigación y publicaciones sobre periodismo, comunicación y género.