Uno de los dos principales proyectos de la administración del exgobernador Francisco Olvera, la denominada Ciudad del Conocimiento y la Cultura, podría quedarse a medio camino. Según el titular de la unidad de planeación y prospectiva del gobierno estatal, Lamán Carranza, el proyecto olverista será fusionado con el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, según un acuerdo de sectorización que estará sustentado en la nueva ley de entidades paraestatales que aún espera ser aprobada por los diputados locales. La idea, explicó Lamán, es evitar duplicidad de funciones, “retrabajos”, y que el acceso a la innovación, la ciencia, la tecnología y el conocimiento sea un solo eje. La propia unidad de planeación, que dirige Carranza, será la que vigile el proceso de fusión como una nueva fase del “redireccionamiento” de la estructura y funcionamiento del gobierno estatal, aunque en esta ocasión en lo que se refiere a sus entidades paraestatales. Es evidente que el propósito de la actual administración es hacer más eficiente el uso de los recursos públicos y evitar que se malgaste el presupuesto en oficinas que hacen el mismo trabajo. Pero, ¿no sería mejor pensar bien los proyectos desde el principio, para evitar gastar el dinero en elefantes blancos? Este es un problema que afecta a toda la administración pública en México: no hay continuidad en las políticas y por lo general cada sexenio –o trienio, según sea el caso- se reinventa una nueva ruta por seguir. ¿Qué futuro tendrá, por ejemplo, el Centro de Innovación Textil cuya conclusión se esperaba para 2015? El proyecto, uno de los que parecían más consistentes de la Ciudad del Conocimiento, estaba pensando para que diera servicio, desde la capital del estado, a todas las entidades textiles y del vestido del país y contaba con el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. Se tenía calculada una inversión de 100 millones de pesos para su desarrollo que hoy, en 2017, no se sabe si continuará. Así es como nuestro país se reinventa cada periodo de gobierno.
De filón. Después del incidente en la empresa Agroquímica Tridente en Tizayuca, la Semarnath reveló que 3 mil 300 empresas asentadas en Hidalgo, es decir, 75 por ciento del total que tienen obligaciones ambientales, no cumple con las normas, por lo que podrían ser suspendidas o clausuradas en un lapso de cinco días.
¿Y por qué no se hizo esta revisión antes?

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