Entorpece al SNA falta de magistrados

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Rolando Herrera / Agencia Reforma / Ciudad de México
La falta de designación de los 18 magistrados especializados en temas de corrupción y del fiscal en la materia complica el pleno funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), advirtió Luis Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Los magistrados, explicó, serán los encargados de sancionar administrativamente los casos de corrupción, en tanto que el fiscal es a quien le corresponde la persecución penal de esas conductas.
Desde que se anunciaron en abril los nombres de los magistrados propuestos por el presidente Enrique Peña, el CPC, que es la representación ciudadana ante el SNA, pidió al Senado que abriera la discusión sobre el proceso de ratificación, solicitud que no tuvo respuesta, recordó.
“Esta situación evidencia la falta de voluntad política de diversos órganos del Estado, en particular del Senado, de satisfacer los propósitos de la reforma constitucional que instituyó el Sistema Nacional Anticorrupción y de atender las peticiones ciudadanas”, consideró.
En el caso del fiscal Anticorrupción, explicó Pérez de Acha, además de tener acéfala esta área que se encuentra dentro de la Procuraduría General de la República, se impide que entren en vigor los tipos penales que describen y sancionan esas conductas, pues su vigencia está vinculada a la designación del funcionario.
“En la actualidad el Sistema Nacional Anticorrupción está incompleto porque no se tiene fiscal Anticorrupción y en la medida que no se tiene ese fiscal no han entrado en vigor las reformas al código penal federal en materia de corrupción, entonces tenemos un sistema en el que no están las piezas completas”, indicó.
Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), organización que también pidió al Senado abrir la discusión del proceso de ratificación de los magistrados, lamentó que ese órgano legislativo hasta el momento continúe siendo insensible ante las demandas ciudadanas.
Los magistrados, explicó, conformarán cinco salas regionales y una sala superior, y serán ellos los responsables de analizar las pruebas que en su caso presenten la Secretaría de la Función Pública (SFP) o bien la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de servidores públicos que hayan incurrido en actos de corrupción.
El retraso en el proceso de discusión, consideró Morales, probablemente se deba a las negociaciones políticas que están haciéndose en el Congreso, en las que también están implicados otros nombramientos.
“Lo cierto es que se ha ido aplazando y lo cierto es que vemos que los contextos políticos, los intereses particulares prevalecen sobre el compromiso de terminar de echar andar las partes fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción”, comentó.

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