Entrega-recepción alcanza punto de ebullición

1578

Pasaron los primero 75 días del gobierno de Omar Fayad Meneses y la entrega-recepción continúa en las diferentes dependencias, con riesgo de encontrar más irregularidades como el desvío de recursos en el Sistema Estatal de Radio y Televisión y en la SEPH.
Así lo reconoció la contralora estatal Citlali Jaramillo Ramírez, quien dicho sea de paso anticipó que algunas de las 900 concesiones de transporte público, así como notarías, otorgadas por el exgobernador Francisco Olvera, serán revocadas.
Bajo esa clara afirmación de la funcionaria, que concuerda con la ruidosa promesa de campaña contra la corrupción, no nos queda más que esperar que los primeros resultados en el combate a ese flagelo aparezcan pronto.
No será fácil, pues se camina contra un sistema arraigado en la genética de la política nacional. El combate a la corrupción se logra desde la conciencia ciudadana, pero para ello el ejemplo del gobierno es medular.
Por ello Omar Fayad Meneses y su equipo de colaboradores, desde los íntimos hasta la tropa de a pie, si quiere ganar credibilidad hacia su bandera política deberá conducirse en completa transparencia, apegarse a los cánones y evitar salirse con el pretexto fácil.
¿A qué va lo anterior?: el entonces candidato a la gubernatura respondió a su otrora rival José Guadarrama Márquez al prometer que haría pública su declaración 4de4, patrimonial, fiscal, de intereses y la prueba toxicológica.
A pesar del evidente incumpliendo, Fayad ganó con un amplísimo margen la elección del 5 de junio. Pasaron dos meses y medio de haber asumido el Poder Ejecutivo y los ciudadanos seguimos sin conocer su 4de4.
Entrevistado al término de la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo (Copladehi) en septiembre, el mandatario respondió a este medio que cuál era la prisa para hacer pública su promesa de campaña.
El miércoles, en un encuentro con presidentes municipales y diputados locales para firmar convenios en relación al Sistema Estatal Anticorrupción, el gobernador consideró que la “máxima publicidad” de información sobre bienes e ingresos deja a los funcionarios en un grado de “vulnerabilidad” ante la delincuencia.
Cabe aclarar que la experiencia nos dice que cualquier ciudadano, por sencilla que parezca su actividad económica, está expuesto a caer en las garras del delito. Máxime un servidor público que recibe remuneración del erario está obligado a transparentar su patrimonio, sino de qué otra manera los ciudadanos podemos medir con cuánto llegan en el bolsillo y con cuánto se irán del poder. De filón: Llegó el Buen Fin, y solo una recomendación: valore su apreciado dinero.

Comentarios