Los primeros pasos de la Guardia Nacional tienen lugar en un entorno turbio, muy complicado. No solo por la crisis de inseguridad que vive nuestro país e Hidalgo, sino porque ayer surgió una rebelión al interior de la Policía federal, que llevó a que la autopista México-Pachuca fuera desquiciada durante varias horas gracias a un bloqueo por parte de elementos de la corporación. ¿El motivo? Los uniformados presentaron un pliego petitorio que en esencia pide respeto a sus derechos laborales, que ven amenazados frente a la llegada de la Guardia Nacional. Ayer mismo, pero por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que observaba “mano negra” atrás del movimiento de inconformes, pues sostuvo que no se despediría a nadie de la Policía federal y que además se respetarían sus derechos laborales. El hecho es que la mesa de negociación que ayer se instaló para atender sus demandas naufragó y para hoy se tiene convocado un paro nacional de policías federales. Dice el analista Alejandro Hope en su columna “Plata o plomo”, publicada en la página web de El Universal, que el malestar de los policías federales tiene que ver con que nadie les explicó el proceso de transición a la Guardia Nacional y porque además el diseño institucional hace que sean tratados como “elementos de segunda”. El punto es que en medio de una crisis de inseguridad sin precedentes –durante diciembre 2018-marzo 2019 se registraron 11 mil 327 ejecuciones, convirtiéndose en el inicio de sexenio con mayor número de asesinatos– ahora nuestro país enfrenta una crisis estructural en la Policía federal que en lugar de fortalecerla la adelgaza. De filón. Dice el gobernador Omar Fayad que ni hacía falta que se aprobara el juicio político en Hidalgo y que más bien se trata de un asunto de índole electoral y político. Claro que lo es: es un asunto de política real que tiene que ver con terminar con los privilegios de los que gozan los servidores públicos. No hay que darle demasiadas vueltas ni tampoco buscarle más pies al gato.

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