El lunes 19 de junio, el diario estadunidense The New York Times señaló la probable responsabilidad del gobierno mexicano en el uso ilegal del programa de espionaje electrónico Pegasus en contra de sus críticos. Ese software fue comprado por el gobierno federal a una empresa israelí para combatir a la delincuencia. Sin embargo, aparentemente fue usado para hurgar la vida privada de periodistas, defensores de derechos humanos, especialistas en temas de corrupción y sus familiares.

La nota despertó reacciones en medios de comunicación internacionales, justificó un exhorto de la Organización de las Naciones Unidas a México, provocó menciones en la prensa nacional y generó discusiones en las redes sociales durante toda la semana.

Desafortunadamente es difícil establecer responsabilidades jurídicas en el tema ya que, a decir del reportaje, Pegasus deja rastros de su infiltración en los equipos de telefonía pero no de quién lo operó. Además, parece ser que algunos gobiernos estatales pueden estar involucrados. En este contexto, se generaron opiniones que iban desde una negación total de las imputaciones al gobierno de la República, hasta viscerales solicitudes de renuncia al titular del Ejecutivo federal.

Lo sucedido, falso o cierto, es lamentable para la democracia a la que aspiramos porque el acoso a los ciudadanos por parte del gobierno es más creíble. No obstante, este evento nos deja varias reflexiones como la necesidad de abandonar la tradicional e infértil indignación de corto plazo para migrar a una participación ciudadana que castigue o premie con el voto y esté más pendiente de que sus representantes actúen conforme al mandato popular, impidiendo los excesos del gobierno.

Asimismo, urge reformar a las instituciones de inteligencia civil, creadas bajo una perspectiva del siglo XX con una idea represiva del uso de la inteligencia y reglamentadas con una indulgente tibieza autoritaria en 2005. Esto adquiere importancia si se considera a la inteligencia como aquella información oportuna, relevante y confiable para la toma de decisiones, que va más allá del chantaje moral sobre hábitos y preferencias de las personas que sean consideradas objetivos en las investigaciones. La evolución del comportamiento del delito debe generar mayores controles sobre el uso de la información, los medios para obtenerla y una revisión profunda de la definición de sus objetivos.

La profesionalización del uso de la inteligencia permitirá el fortalecimiento de un sistema democrático, donde sea inadmisible e intolerable usar la inteligencia para censurar a la prensa, limitar a la academia, restringir la defensa de los derechos humanos o intimidar a cualquier persona, vinculada o no a delitos. La inteligencia debe emplearse para judicializar y procesar actos delictivos.

En consecuencia, si pasamos por alto estos posibles excesos y seguimos postergando los cambios requeridos, estaremos borrando los esfuerzos por consolidar nuestra democracia y nos encaminaremos a la perspectiva del México que pretendimos repudiar durante las últimas décadas, en la que quienes tomaban las decisiones tenían una lógica represiva; refrendaban la lúgubre perspectiva de la dirección federal de seguridad; se enorgullecían del atropello, buscaban un ciudadano callado y pasivo, y se sentían cómodos pensando que “ante la seguridad nacional la Constitución vale una chingada”.

Las propuestas de reformas duermen en el Congreso de la Unión, exijamos que se discutan y decidámonos a cambiar ya. En democracias de avanzada no caben autoritarismos ni percepciones morales sobre el uso de las herramientas de inteligencia.

Por: Dr. Mario Cruz Cruz, Profesor Investigador ICEA-UAEH/ Dr. Raen Sánchez Torres, Asesor Legislativo

 

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