En su segundo informe de actividades, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Alejandro Habib Nicolás nos tuvo una buena y una mala. La buena, es que las dependencias han acatado las recomendaciones; la mala, que no han reparado el daño a las víctimas. Y hay una tercera, la peor, que no estuvo en el discurso pero que refleja la realidad del estado y del país. La extinción de los 109 fideicomisos se llevó el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Dicho fondo era un fideicomiso público que servía como mecanismo financiero para el pago de las ayudas, la asistencia y la reparación integral a víctimas, incluyendo la compensación por violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales. En noviembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la Ley General de Víctimas, en cuyo título sexto previa el procedimiento para la asignación de recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Hoy no existe más. El orden jurídico estatal, por su parte, tampoco contempla un instrumento que garantice el pago de daños, dejando a las víctimas en completa indefensión. Con la extinción de dicho fondo federal y la inexistencia de uno estatal, queda en el aire la esperanza de que el Estado garantice justicia a quienes han padecido delitos relacionados con la desaparición forzada, trata de personas, violencia generalizada o feminicidios. En un país que continúa bañado en sangre y con graves violaciones a los derechos humanos, es una obligación de los gobiernos destinar recursos para atender a quienes les han arrebatado a sus familiares, su salud y su futuro. Es irresponsable haber barrido con el mismo rasero los 109 fideicomisos. Toca a los Congresos definir la ruta para la entrega del presupuesto etiquetado en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de lo contrario la deuda moral de los gobiernos tocará el abismo. Argumentar la extinción del fondo por corrupción no solo es una aberración, sino una humillación a miles de víctimas de un Estado fallido, a las que sus autoridades no son capaces de garantizar su derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño. De filón. Muestra del fracaso de la política económica es que actualmente solo 3 por ciento de los trabajadores hidalguenses son solventes para hacer frente a una nueva cuarentena.

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