Estalla de nuevo la crisis penitenciaria

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En Hidalgo no son pocos los hechos como el que ocurrió el viernes por la noche en el centro de readaptación social de Tula, cuando un grupo de reos se amotinó para protestar por presuntos abusos y malos tratos. Pocos, pero alarmantes, son los acontecimientos relacionados en la entidad. La oportuna intervención de la minúscula fuerza de seguridad del penal evitó lo que pudo convertirse en una tragedia. El antecedente nos remonta al 23 de abril de 1988, cuando al frustrarse un intento de fuga masiva en el centro de readaptación social para adultos de Pachuca murió el director del penal Roberto Baca Morales y cuatro presos. La revuelta de hace 28 años fue planeada 15 días antes por los reos Marcelino Casimiro Alonso, los hermanos Rosalío, Bartolo y Gelasio Díaz Díaz y Javier Beltrán Pacheco, quienes fabricaron más de 15 cartuchos y lograron que fueran introducidas dos armas y dinamita. Desde entonces quedó al descubierto la corrupción, falta de revisión exhaustiva y cateos permanentes en las diferentes áreas de las penitenciarías, facilitando el ingreso de instrumentos de alto riesgo. Otro hecho tuvo lugar en diciembre de 2012 en el tutelar de la capital hidalguense. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que en el motín participaron al menos 35 jóvenes, la mayoría condenados por nexos con el crimen organizado. Ese mismo año, en agosto, se registró una fuerte movilización policiaca en el centro de readaptación social (Cereso) de Pachuca por el amotinamiento de reos. Extraoficialmente se reportó un interno muerto, varios heridos con arma blanca y la fuga de al menos cuatro reclusos. Ayer en escueto comunicado la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH), que encabeza Mauricio Delmar, informó que un grupo de 11 reos ubicados en un área de máxima seguridad realizaron una protesta, prendiendo fuego a colchonetas. Pero fuentes internas revelaron que la insurrección del viernes fue consecuencia de la corrupción y malos tratos solapados por el director del centro penitenciario Noé Vite Rivera; nada descabellado si recordamos que en 2014 un grupo de reclusas lo denunció por solapar narcomenudeo y corrupción cuando dirigía el Cereso de Pachuca. En febrero de 2015 la SSPH realizó cambios de directores en 10 penales y en el centro de internamiento para adolescentes del estado, con el fin de evitar vicios y otros actos por la permanencia continua de titulares. De igual manera los cateos a las cárceles del estado en la administración de Alfredo Ahedo en Seguridad Pública suprimían la presencia de artículos que suponían un riesgo, acciones que al menos en lo que va del nuevo gobierno se han quedado congeladas. De filón. Funcionarios que pretenden hacer valer su influencia con el representante del Ejecutivo se las están viendo difíciles; han llegado al escritorio de Omar Fayad decenas de recomendaciones para evitar despidos. Parece que la guillotina anda filosa.

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