Una de las acciones que más molestó a los pachuqueños durante la administración del exalcalde Eleazar García fue la entrada en operación de los parquímetros en la zona centro de Pachuca. Uno de los argumentos en contra fue que cómo era posible que una empresa privada lucrara con el espacio público. Máxime cuando se supo que la alcaldía solo se quedaría con 15 por ciento de cada peso recaudado a través de los parquímetros, con lo que el convenio signado por la anterior administración del ayuntamiento capitalino fue el más ventajoso para la iniciativa privada de toda la República mexicana. Hoy, a través del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Pachuca, nos enteramos que la segunda fase del plan para instalar parquímetros en otras zonas de la capital hidalguense tiene algunas inconsistencias. Por ejemplo, el instituto encontró, a través de un estudio realizado en 2016, que instalar parquímetros en Zona Plateada, Constitución y Procuraduría es inviable. Esto por diferentes motivos, entre los que destacan, espacios reducidos y existencia de estacionamientos; o la restricción de llevar a cabo nuevas edificaciones a cambio de que incluyan lugar para aparcar; o porque, en el caso de Constitución, hay predios de uso habitacional con abundantes entradas y salidas. Es decir, para terminar pronto, no es factible que operen en esas zonas. Gracias a que se hizo este estudio, el ayuntamiento y la empresa Comuni Park se van a ahorrar millones de pesos en echar a andar un proyecto que iba directo al fracaso. Esto que hoy le informamos, es una buena noticia. La interrogante que surge es: ¿por qué no hubo un estudio así antes de echar a andar proyectos como, por ejemplo, el Tuzobús? De filón. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) confirmó a este diario que ya son cinco feminicidios registrados en lo que va del año en la entidad. La cifra, según explicó la dependencia a través de su vocero, es válida para la PGJEH pues ya se llevaron a cabo las diligencias que permiten corroborar que en todos los casos se cumple con lo que dice la ley que tipifica este delito. Ya es una cifra por dónde empezar a medir la magnitud de este fenómeno, aunque organizaciones civiles como Servicios de Inclusión Intregral AC (Seiinac) ya calculan hasta 11 casos.

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