La detención del exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, acusado de lavado de dinero y peculado, tiene tintes políticos y criminales: en el fondo existe una venganza del actual gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, y en los expedientes también obran datos y evidencias de que Hernández Flores amasó una fortuna descomunal a través de prestanombres, lo que aparentemente no ha sido fácil de probar.

Lo que llama la atención es que los mismos testigos protegidos que tienen a Tomás Yarrington con un pie en Estados Unidos para ser juzgado por delincuencia organizada y lavado de activos, son exactamente los mismos que obran en el expediente de Eugenio Hernández, quien ha gozado de total impunidad por parte de las autoridades federales, en particular de la Procuraduría General de la República (PGR).

Y es que mientras en México la PGR le declaró el no ejercicio de la acción penal en 2013 por el delito de lavado de dinero, en Estados Unidos otra historia se ha escrito sobre Hernández Flores: se le acusa de lavar unos 30 millones de dólares del narcotráfico y, por ello, tiene una orden de aprehensión, al igual que su cuñado Óscar Gómez Guerra, a quienes se les comenzó a investigar desde 2008 por realizar transferencias inusuales de dinero y venta de propiedades aparentemente ilegales.

Pero a nivel federal nadie lo toca. El pasado 6 de octubre fue aprehendido en Tamaulipas por una acusación local (peculado y lavado de dinero) pero a decir de su abogado, Jorge Olvera, la acusación carece de pruebas y vaticinó que antes de la media noche del jueves su cliente recobraría la libertad.

Entre Hernández Flores y el gobernador Cabeza de Vaca hay cuentas pendientes por cobrar. En 2010, Hernández Flores frenó la candidatura de Cabeza de Vaca al gobierno de Tamaulipas, y lo hizo con todo el poder que en ese momento tenía: enderezó campañas en su contra por sus delitos y andanzas en Estados Unidos, utilizó las redes del crimen organizado para amedrentarlo y echó mano de todos los recursos para ganar la elección de ese año, la cual estuvo bañada de sangre por la ejecución del candidato del PRI, Rodolfo Torre Cantú, de cuyo asesinato la PGR concluyó que el autor fue Eduardo Costilla, El Coss, entonces poderoso jefe del cártel del Golfo.

Cabeza de Vaca no olvidó los agravios y ahora cobró venganza acusando a Hernández Flores de lavado de dinero y peculado (aun cuando las pruebas parecen endebles y pueden poner al exgobernador en libertad) por la compra de un terreno de mil 600 hectáreas, localizado en el puerto de Altamira, que el exmandatario adquirió a un precio subvaluado a través de un presunto prestanombres: Alberto Berlanga Bolado.

El terreno, que en la década de 1980 el gobierno federal donó al estado de Tamaulipas para emprender varios desarrollos industriales e inmobiliarios, tiene historia: dos años antes de finalizar su sexenio, Tomás Yarrington Ruvalcaba, detenido en Italia y sujeto a un juicio de extradición a Estados Unidos por estar acusado de favorecer al crimen organizado durante su mandato, se lo vendió a Fernando Cano Martínez, un empresario regiomontano que figura en la lista de sus testaferros importantes, y que durante su gobierno fue el constructor consentido, pues fue beneficiado con múltiples contratos millonarios.

El terreno fue adquirido en ese tiempo a través de la empresa construcción Villa Aguayo SA de CV, propiedad de Cano Martínez. Cinco años después, en 2007, esa firma lo traspasó a Alberto Berlanga Bolado, quien según la acusación de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas es uno de los prestanombres de Eugenio Hernández, a través de la empresa GMC SA de CV.

De acuerdo con Jorge Olvera Reyes, defensor de Hernández Flores, la acusación de la fiscalía de Tamaulipas en contra de su cliente carece de fundamento, aun cuando el terreno está asegurado. “Mi cliente nada tiene que ver con ese terreno, no existe documento alguno que lo vincule con esa compra venta”, dijo en entrevista con medios de comunicación, y con base en la falta de pruebas que, asegura, son evidentes en este caso, el abogado adelantó que el exgobernador podría quedar en libertad el pasado jueves 12.

Según sus antecedentes políticos y con base en las declaraciones que José Antonio Peña Argüeyes, empresario y “lavador” de dinero de los Zetas, rindió en Estados Unidos, el principal impulsor de Eugenio Hernández fue precisamente Fernando Cano, el testaferro de Yarrington.

En sus múltiples declaraciones que sirvieron de base para enderezar las acusaciones en contra de Yarrington y Hernández Flores en Estados Unidos, Peña Argüelles, identificado en los expedientes como el testigo “Ángeles”, asegura que la campaña de Hernández Flores fue financiada por los Zetas y el cártel del Golfo, a quienes posteriormente se les pagó con impunidad, pues se les permitió hacer y deshacer en todo el estado: imponían a los jefes policiacos, movían a los procuradores en la entidad y contaban hasta con interlocutores directos en el gobierno del estado.

Así lo declaró: “…quiero manifestar que Pedro Argüelles fue subsecretario incrustado en la Secretaría General de Gobierno para que fungiera como enlace entre el cártel del Golfo y el gobierno del estado. Esto lo sé por Fernando Cano, quien me lo comentó…”
En otro momento el testigo Ángeles amplió sus declaraciones y se refirió al patrimonio de Eugenio Hernández: “…sé que el (exgobernador) Eugenio Hernández tiene muchísimas casas y terrenos, puedo decir que es casi dueño de Ciudad Victoria y sus prestanombres son su esposa Adriana González, las tres hermanas de Eugenio, de quienes desconozco sus nombres, su hermano Eduardo Hernández, alias el Chóforo, sus cuñados Óscar Gómez, Aureliano Salinas y Farou Corcuera, amigo y socio de Eugenio en el negocio de los bienes raíces y quien fue un empresario exitoso bajo la sombra del exgobernador”.

En contra de Eugenio también pesa una acusación por lavado de activos en Estados Unidos: está radicada en una corte de Texas, donde se le abrió un expediente por el que se solicitó su detención al gobierno de México con fines de extradición. Pero a nivel federal ni siquiera se le ha molestado, pues la PGR lo blindó con el no ejercicio de la acción penal, quien se la concedió fue Jesús Murillo Karam, a principios del actual sexenio.

Sin embargo, en Estados Unidos el caso sigue abierto, las presuntas operaciones irregulares de Hernández Flores con dinero proveniente del cártel del Golfo y de los Zetas se detectaron desde 2008 e implican también a Óscar Gómez Herrera, su cuñado. Los cargos que pesan en contra de ambos son lavado de dinero e incitación de transferencias financieras ilícitas y el monto asciende a unos 30 millones de dólares.
El encauzamiento judicial C-14-178-S se integró formalmente en mayo de 2015 y está radicado en la corte federal del distrito sur de Texas; el expediente señala, entre otras cosas, que el exgobernador y el esposo de su hermana “con conocimiento de las ilegalidades” comenzaron a lavar dinero y a realizar transacciones financieras ilegales a partir del primero de enero de 2008.

Las investigaciones están a cargo del Departamento de Justicia y de la fiscal encargada del caso: Kenneth Magidson. En el expediente también se señala que tanto Hernández Flores como su cuñado “con conocimiento de causa” facilitaron las operaciones internacionales e interestatales con un solo fin: ocultar fondos que carecían de documentación necesaria para justificar su procedencia, tampoco presentaron las licencias bancarias indispensables para realizar esas transacciones.

Y añade la acusación: “El dinero lo recibía Hernández Flores como pago por permitir que el cártel del Golfo operara con toda libertad en Tamaulipas para llevar a cabo sus actividades de tráfico de drogas, secuestros, venta de contrabando y tráfico de personas a EU.

Por esa razón, la fiscalía federal procedió al aseguramiento de cuatro propiedades que el exgobernador adquirió en McAllen, Texas, cuando todavía fungía como gobernador. De igual forma la acusación sostiene que Eugenio Hernández y su cuñado han vendido propiedades a terceros y transferido dinero a nombre de otras personas sin el soporte debido.

Por todo ello, tanto Hernández Flores como Gómez Guerra tienen orden de aprehensión en Estados Unidos. En 2012, Hernández Flores logró que la PGR, que lo investigaba por los mismos delitos, declarara el no ejercicio de la acción penal. Ese fue el pago de Enrique Peña Nieto.

Ahora que Hernández Flores fue detenido en Tamaulipas bajo los cargos de peculado y lavado de dinero, faltará ver si alguna autoridad federal cumple con su envío a Estados Unidos, donde se le acusa, al menos, de lavado de activos desde el 2008.
En Estados Unidos, Hernández Flores carga con los mismos delitos que pesan en contra de su antecesor, Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien fue detenido en abril de este año en Florencia, Italia. Ambos, según sus respectivos expedientes, beneficiaron a los cárteles del Golfo y los Zetas durante mandatos, y a cambio, dicen los señalamientos, recibían millones de dólares con los que adquirieron propiedades y realizaron movimientos de recursos inusuales que atrajo la atención de las autoridades del departamento de justicia estadunidense.

Hernández Flores ha negado los cargos que pesan en su contra en Estados Unidos, pero la fiscalía insiste en que el exgobernador no ha podido probar su inocencia fehacientemente.

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