En cualquier trabajo y más en la administración pública, evaluar es una actividad fundamental para saber qué se está haciendo bien o mal, y lo más importante, para tener información y evidencia de hacia dónde se destinan los recursos públicos. El secretario ejecutivo del Coneval Gonzalo Hernández y el gobernador Omar Fayad firmaron un convenio técnico para evaluar las políticas públicas en Hidalgo, pero ¿en qué nos beneficia esto?
En primer lugar, Hidalgo es uno de los estados con mayor marginación y pobreza, y el Coneval es un órgano reconocido a nivel mundial por sus metodologías para medir la pobreza y los programas sociales, por lo que su capacidad técnica será útil para saber si los programas gubernamentales en Hidalgo funcionan o simplemente se destinan recursos a acciones que no atacan el problema de fondo, convirtiéndose en mero clientelismo.
Gonzalo Hernández es un funcionario que apenas hace unos días fue seleccionado para elaborar el Informe de Desarrollo Sostenible de la ONU, por lo que su capacidad está probada. Sin embargo, ¿qué pasa con los funcionarios hidalguenses?
De 2011 a 2015, Hidalgo pasó del sitio 28 al seis en el índice que hizo Coneval sobre evaluación y monitoreo. Si lo vemos así, no todo está mal; sin embargo, hace falta profesionalización y capacidad técnica de los funcionarios hidalguenses para realizar todo tipo de evaluaciones, y para muestra los siguientes datos.
En 2015, el gobierno de Hidalgo evaluó siete de sus programas y en 2016 a nueve, la mayoría de ellos pertenecientes al DIF, pero todas esas evaluaciones fueron externas, es decir, con un costo al erario de 269 mil pesos hasta los 568 mil pesos y solo fueron de desempeño, consistencia y resultado. Por ello, urge la creación de un Consejo de Evaluación de la Política Social en Hidalgo con personal altamente calificado para hacer evaluación de impacto, si no seguiremos tirando dardos sin precisión y malgastando los recursos en problemas que no están bien identificados.

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