Exgobernador Duarte acepta ser extraditado a México

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Javier Duarte
Foto: Ministerio Púbico de Guatemala

Duarte desestimó las acusaciones y pruebas en su contra enviadas por el gobierno mexicano, por lo que desea regresar al país para defender su inocencia.

El exgobernador veracruzano Javier Duarte decidió allanarse este martes al proceso de extradición a México que se le sigue en Guatemala.

“No cometí ningún delito y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de mi país”, dijo Duarte cuando el juez le concedió la palabra tras escuchar los cargos y pruebas que el gobierno mexicano envió como parte de su solicitud de extradición.

Al acogerse, o allanarse, al procedimiento de extradición, el exmandatario veracruzano rechaza presentar cualquier tipo de recurso legal en Guatemala, para comenzar con su proceso de entrega a las autoridades mexicanas y ser devuelto a México para enfrentar las acusaciones presentadas tanto por la Fiscalía federal como estatal.

La audiencia de Duarte fue para conocer la formal acusación por parte del gobierno federal, luego de que no se concretó ayer por problemas de salud del exgobernador, y en la que se le anunció la solicitud de extradición por los delitos que se le imputan del orden federal en México, tales como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, que habría cometido en su gestión como gobernador de 2010 a 2016.

Al respecto, el juez guatemalteco presentó 19 medios de prueba, los cuales podrían evidenciar inmuebles adquiridos por Duarte, y detalla la obtención de recursos de la entidad a su mando “para beneficios propios de Javier Duarte y Karime Macías”.

Asimismo, dijo que en caso de emitir sentencia, Duarte podría ser condenado de 20 a 40 años por delincuencia organizada.

Por su parte, el exgobernador dijo que en ninguna de las pruebas mencionadas aparece su nombre o el de sus familiares. Cabe recordar que Moisés Mansur Cysneiros, Alfonso Ortega López, José Juan Janeiro Rodríguez y Rafael G. Rosas Bocardo, están implicados como prestanombres de Duarte.

Sobre los señalamientos de crimen organizado, la defensa del exgobernador aseguró que las pruebas presentadas no muestran vínculo o causal de Duarte con esas acusaciones. Y reiteró que hay una persecución en contra de su defendido por rivalidades políticas.

Una vez se declarado procedente la extradición, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal certificará el expediente a la Secretaría de la Corte en el tiempo establecido por la ley, y sería esta instancia la que lo remita al Ministerio de Relaciones Exteriores para continuar con el proceso.

En su primera audiencia, el 19 de abril, Duarte se negó a ser extraditado a México, aunque señaló que la aceptaría tras conocer primero la solicitud formal del gobierno mexicano en su contra, así como las pruebas de los delitos que se le atribuyen, que sustenten que su caso no es una persecución política.

Varias semanas después, el 27 de junio, Duarte aceptó ser extraditado en un trámite paralelo de una petición de extradición de México por seis delitos estatales en Veracruz; aunque ese acto del fallo de este 4 de julio sobre las acusaciones federales.

En esa ocasión, aceptó la extradición para enfrentar lo más pronto posible la justicia ante las “irrisorias” acusaciones que hace en su contra el actual gobierno de Veracruz.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó una demanda de amparo luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente para investigar hasta 13 actos de corrupción del exgobernador de Veracruz, lo que llevó a que las averiguaciones previas en su contra fueran archivadas.

De acuerdo con el diario Reforma, la Procuraduría se declaró incompetente para realizar dichas averiguaciones y las remitió a la Fiscalía de Veracruz, la cual estaba en ese momento bajo la titularidad de Luis Ángel Bravo, amigo cercano de Duarte, por lo que al llegar dichas denuncias fueron inmediatamente archivadas.

La ASF reclama que la PGR no notificó sobre la decisión de turnar los 13 casos a otra instancia, además de que se tratan de delitos del fuero federal, no común como aseguró la Procuraduría.

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