Exigen cumplir fallo sobre caso Iguala

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La sentencia ordena crear una comisión de la verdad

CÉSAR MARTÍNEZ / AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

Los representantes legales de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos exigieron al gobierno federal cumplir el fallo de un tribunal que ordena crear una comisión de la verdad para el caso Iguala.
En un comunicado, Centro Prodh, Serapaz, Tlachinollan y Fundar recordaron que ante los cuestionamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el gobierno siempre dijo que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria.

“Hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de la PGR (Procuraduría General de la República) es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”, expusieron.
“Dada la reiterada resistencia del gobierno de Enrique Peña Nieto a descartar definitivamente la hipótesis oficial, exigimos un compromiso público de que en lo que resta del sexenio se cumplirá el fallo y no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del mismo.”

Aunque advirtieron que siguen analizando los alcances de la sentencia, destacaron que en el fallo se señala que la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía.
Como ejemplo de ello refirieron al párrafo mil 33 de la sentencia, en la que los magistrados establecen lo siguiente: “No se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano, y la Policía federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”.

En tanto, en los párrafos mil 148 y mil 149 de la sentencia, se critica que la investigación estuvo dirigida a poner énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus “declaraciones autoincriminatorias”.
Según las organizaciones defensoras de derechos humanos, el tribunal destaca la relevancia que tuvo el GIEI en el caso e incluso considera recomendable un nuevo periodo de participación de los expertos.
“Desde este momento se hace un llamado a los tres Poderes de la Unión para que cualquier acción relacionada con la implementación de este fallo sea previamente consultada y acordada con las víctimas y sus representantes”, plantearon.

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