Expertos en el tema consideraron como urgente que los estados aprueben la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas

Pachuca.- Durante el encuentro sobre sentencias de aborto que organizó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en el que diferentes especialistas abordaron el tema del aborto, coincidieron en que es necesario que desde distintos ejes el Estado se vuelva responsable y garantice el acceso a derechos a las mujeres, ya que el impedimento de que sea legal hace que las mujeres tengan una constante revictimización del Estado.

Primero sobre la negación del acceso, luego por el hecho de ser consideradas como delincuentes, en ese mismo sentido una vez que son liberadas de culpa, el Estado, es decir la federación y las entidades que en general no tienen buenos mecanismos de la reparación de daño a las víctimas y que desatienden el tema por considerarlo un delito.

Además las mujeres tienen que enfrentar la opinión pública en donde son juzgadas con prejuicios y desinformación desde su familia, amigos, la sociedad en sí, las criminaliza más allá de la ley, de ahí que las mujeres sean re victimizadas por las instituciones más allá de la decisión que tomaron incluso si es por las causales permitidas en los estados.

En diferentes mesas abordaron el tema de la amnistía, y reiteraron que es necesario abrir un debate sobre el tema, ya que si bien hace muchas mujeres puedan quedar libres por considerar la acción como un delito, no es una garantía, ya que muchas fueron condenadas por delitos como homicidio grado parentesco o infanticidio no propiamente como aborto, lo que las deja en una situación más vulnerable, ya que las penas son de hasta seis años y de un homicidio pueden sumar 20.

Los especialistas de esa organización y distintos participantes de la Suprema Corte de Justicia, el Senado de la República, la oficina del alto comisionado de la ONU, entre otros, consideraron como urgente que los estados aprueben la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas y que planteen la posibilidad de que no exista temporalidad en una nueva legislación.

La posibilidad de ampliar el plazo para que una mujer pueda interrumpir un embarazo, tiene que ver con la necesidad de que una mujer tenga mayor información, además de la consideración de la legislación a todas las realidades que vive ese sector de la población, y por la no garantía de las instituciones en muchos casos de actuar antes de las 12 semanas.

El llamado es a que cambie la forma de hablar sobre el aborto y tengan en cuenta que deben existir espacios de garantía de esos derechos, desde las instituciones hasta la opinión pública.

  • Las penas legales por la interrupción del embarazo son de hasta seis años y de un homicidio pueden sumar 20 años

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