Expiden ley general contra tortura

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Ciudad de México.- La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que entrará en vigor a partir de hoy.

El decreto fue publicado por el presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Gobernación, en el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.

Con la publicación también reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del código penal federal, así como de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional.

“Serán excluidas o declaradas nulas, por carecer de valor probatorio, todas las pruebas obtenidas directamente a través de actos de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos”, establece la ley publicada en el artículo 50.

Además, ordena la creación en cada estado de fiscalías especiales para investigar ese delito, que tengan autonomía y pleno acceso a los registros de detenciones por parte de las autoridades. Especialistas como Pau Pérez, consultor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), han considerado que la ley es una de las tres mejores del mundo en la materia.

Pérez destacó recientemente que la ley no condiciona la severidad del sufrimiento e incluye la tortura psicológica, además de que contempla la tortura entre particulares y no limita a la participación de funcionarios del Estado.

La ley prevé penas de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa al servidor público que incurra en el delito, mientras que para el caso de los particulares establece sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa. Aumentarán hasta en una mitad cuando la víctima sea menor de edad, una embarazada, una persona discapacitada, un adulto mayor o sufra violencia sexual.

También cuando la condición de migrante, afrodescendiente o indígena, defensora de derechos humanos o periodista, o su orientación sexual, sea la motivación para cometer el delito. Esta ley fue recomendada en distintas ocasiones por organismos internacionales y el presidente la asumió como un compromiso dentro del decálogo que anunció a finales de 2014, cuando arreciaron las protestas por el caso Ayotzinapa.

El Congreso debió aprobarla en enero de 2016, por lo que la ley se expide con casi año y medio de retraso. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacó su importancia, pero la consideró insuficiente por sí sola.

“El reto que ahora enfrentamos como país es hacer efectiva la ley general, contar con la profesionalización de los actores en su aplicación una vez en vigor, otorgarle los recursos suficientes para instrumentar sus contenidos y, sobre todo, de identificarse casos de tortura, investigarlos a fondo y sancionarlos”, advirtió.

En un comunicado, el organismo expuso que para erradicar la tortura del país la ley debe materializarse mediante métodos racionales y profesionales de investigación, inteligentes y más cercanos a la cultura jurídica que se ha creado con dicha legislación.

Destacó que la ley contemple la exclusión de la prueba, con lo cual no tendrá valor cualquier declaración obtenida bajo tortura, abuso o trato cruel o inhumano, y saludó lo que consideró un fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente de la CNDH.

“La CNDH insta a intensificar las acciones de prevención generando garantías de no repetición frente a estas lesivas violaciones a los derechos humanos e insta a todas las autoridades combatir la impunidad”, pidió el organismo.

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