Extienden investigación en caso de tesorera universitaria

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Pachuca.-Ayer, la jueza de control Janeth Montiel Mendoza estableció un plazo complementario de cuatro meses para la investigación del caso de la tesorera de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Gabriela Mejía Valencia, a quien se le acusa de la presunta comisión de un delito electoral.

Lo anterior, luego que así lo solicitó el agente del Ministerio Público (MP) a cargo del caso, quien consideró pertinente contar con dicho periodo para esclarecer los hechos y allegarse de las pruebas y recursos necesarios.

Al respecto, la defensa de la funcionaria universitaria Carla Pratt indicó que dicho plazo es excesivo, ya que no existen razones para ampliar el proceso, por lo que consideró que es una prueba más de que el MP no cuenta con los elementos suficientes en contra de Mejía Valencia.

Asimismo, dijo que la medida de prisión preventiva que le fue impuesta es igualmente excesiva, pues existen casos similares en otros estados de la República en donde incluso están involucrados funcionarios de altos rangos y estos enfrentan sus procesos en libertad, por lo que continuarán combatiendo ambas acciones por la vía jurídica.

Además, acusó entorpecimiento en las investigaciones que su despacho realiza, toda vez que les ponen pretextos para efectuar las entrevistas que tenían pendientes con los policías que participaron en la detención, entre otras faenas.

“No entiendo cómo se justifica que los policías están de vacaciones o que tienen operativo en algún otro lugar cuando tenemos en prisión preventiva a un ser humano, eso no me parece ni lógico, ni humano, ni digno, y esas entrevistas evidentemente seguiremos buscando realizarlas”, apuntó.

Con respecto a los amparos que presentaron en instancias federales en contra de la medida de prisión preventiva y la vinculación a proceso, la abogada explicó que fueron admitidos debidamente, pero continúan en proceso toda vez que el Poder Judicial de la federación tiene mucho trabajo en estos momentos y deberán esperar que se cumplan los plazos.

No obstante, comentó que en uno de esos recursos la autoridad federal ordenó el 11 de julio dar vista a la Procuraduría General de la República (PGR) por el tema de tortura, hecho que denunciaron al inicio de la reclusión de la funcionaria universitaria, cuando esta acusó que no la dejaban dormir, sentarse, ni comer.

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