Entre la emergencia sanitaria y la grave situación económica vale preguntar por qué se abrió la temporada de caza mayor. ¿En serio le cobrarán la factura pendiente a Enrique Peña Nieto y et al, incluido José Antonio Meade? ¿A quién le creemos? Pero, ¿ya se dio cuenta que bastó un fin de semana para darle vuelta a la página y el tema justiciero quedó en lista de espera? En efecto, hay temas prioritarios aunque a buena parte de los mexicanos apure el valemadrismo y haya relajado las medidas para contrarrestar la pandemia del coronavirus (Covid-19), en un claro mimetismo de aquella imagen del inquilino de Palacio en un comedero oaxaqueño cuando invitó a salir a comer con la familia y abrazarse porque, adujo, él les diría en qué momento debían encerrarse en casa.

Bueno, vamos al punto de la factura pendiente.

Lo cierto es que, pese a negar que haya investigación contra el expresidente, su familia y colaboradores de su primer círculo, hay suficientes evidencias de que finalmente se emprendió la operación justiciera que se presume puede ser el basamento para anclar a la cuarta transformación, una vez superada la emergencia sanitaria.

Y hablamos de diciembre, cuando el licenciado López Obrador rinda su cuarto informe de gobierno, en esta nueva modalidad no prevista en la Constitución, a la que supuestamente se debe y disciplina pero recurrentemente violenta con decisiones voluntaristas que transitan como ordenamientos virreinales al Congreso.

Por supuesto, fiel a la praxis de mentir con la verdad, el viernes, el licenciado presidente negó que estuviese en curso una investigación en contra de Enrique Peña Nieto y su primer círculo.

Pero Santiago Nieto, jefe de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), declaró un día antes que está en curso investigación contra Luis Enrique Miranda Nava e incluso su esposa Ana Laura Saldaña Farach. Sí, ni más ni menos contra el compadre de Peña Nieto, amigo entrañable que fue su operador desde los tiempos de gloria futurista en el gobierno del Estado de México.

Solo que en el caso de Miranda hay un escollo nada sencillo de superar porque no es comparable con la celada que le tendieron a Rosario Robles, que cándidamente se presentó a declarar y la vincularon a proceso, e incluso ya se encuentra en la zona de población del reclusorio femenil de Santa Martha.

Y es que, a Miranda se le pretende vincular con la estafa maestra cuando asumió el cargo de secretario de Desarrollo Social, en relevo de José Antonio Meade quien sucedió a Rosario, mas puede acusársele de todo menos de tonto, por usar un eufemismo, pero el escollo es que tiene el cargo de diputado federal y, para procesarlo, primero debe desahogarse un proceso de desafuero y llevarlo ante la Fiscalía General de la República.

Aunque de acuerdo con Santiago Nieto hay un proceso de investigación contra quien fuera poderoso subsecretario de Gobernación, en la dupla con Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación y hoy cubierto con el manto del fuero como senador.

¿Desconoce el señorpresidente la investigación contra Miranda? Santiago Nieto lo desmiente, de acuerdo con la declaración que hizo el jueves 16.

A saber “Está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda y ahí el presidente (López Obrador) lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. No se persigue a nadie pero si hubiera, si alguien apareciera en alguna investigación pues lo que se necesita es actuar conforme a derecho.

“Que vayan a los tribunales y que los tribunales resuelvan lo que sea, no se trata de mandar a la cárcel a altos funcionarios del gobierno anterior por mandarlos a la cárcel; sino que cumplan lo que hicieron”. ¿Entonces? Pero, esta revelación de Santiago Nieto es apenas una porción de ese enorme pastel justiciero que el inquilino de Palacio estaría en vías de partir para acallar la versión que sostiene hubo acuerdo entre él y Peña Nieto, fincado en la impunidad, al grado de que a partir del día siguiente en que López Obrador se alzó con el triunfo electoral en los comicios presidenciales de 2018, inmediatamente Peña se apartó y le dejó libre el proceso de transición.

Y, por supuesto, es una parte frente a la información que, con carácter de exclusiva de Univisión con el título de “Gobierno mexicano emprende masiva investigación bancaria al gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto”, dio esa pauta de que, ahora sí, la operación cobro de factura ha comenzado.

El trabajo de la colega Peniley Ramírez, refiere que documentos obtenidos en exclusiva por Univisión Investiga muestran que el gobierno mexicano, es decir, la administración de López Obrador, “ha estado investigando la evolución patrimonial del expresidente Peña Nieto, quien gobernó México de 2012 a 2018, y al menos ocho miembros de su gabinete”.

Y acota, con suficientes documentos, incluso de la Secretaría de la Función Pública, que “en las últimas tres semanas, el gobierno mexicano ha emprendido una masiva búsqueda de información bancaria sobre el expresidente Enrique Peña Nieto, su exconsejero jurídico de la presidencia y varios miembros de su gabinete, incluido el exsecretario de Hacienda José Antonio Meade, quien fue candidato a la presidencia en 2018”.

Puntualiza que “decenas de documentos oficiales, obtenidos en exclusiva por Univisión, muestran que la Secretaría de Hacienda tiene en desarrollo una investigación de “evolución patrimonial” que involucra al círculo más cercano de Peña Nieto, a su exesposa Angélica Rivera, a sus hijos y a familiares de sus colaboradores.

“Univisión Investiga obtuvo los documentos a través de una fuente del sistema bancario, quien consideró que la pesquisa es una “cacería inédita” contra exfuncionarios de un gabinete, especialmente en medio de la crisis por el coronavirus”.

Incluso recoge una declaración del doctor José Narro, secretario de Salud en la gestión de Peña Nieto, en términos de que “espero que mis opiniones críticas sobre el desempeño de este gobierno no tengan relación con la investigación”.

Narro aparece en los documentos entre los funcionarios indagados. Y sustancia el trabajo de la reportera de Univisión: “El 14 de abril, 50 bancos en México recibieron requerimientos para que entreguen información sobre cuentas del expresidente, su familia y exmiembros de su gabinete, que gobernó México entre 2012 y 2018. Al gobierno parece urgirle. Según los documentos, exigieron que los bancos respondan a más tardar el 6 de mayo”. Recomendable leer este bien documentado trabajo de la reportera Peniley Ramírez y publicado por Univisión. Pero… ¿Parece urgirle al gobierno del licenciado López Obrador? ¿Información espectacular de una acción justiciera, para desviar la atención de los mexicanos frente a la que se avecina como una descomunal crisis económica, la recesión que llevaría a la ruina política a la aventura de la 4T? En esta gestión, como en todas del México surrealista, todo puede ocurrir. La factura pendiente para subsanar la estrepitosa caída de lo que pudo ser pero se negó a ser y apisonó su ruta al abismo. ¿Y los mexicanos? Conste.

[email protected]

www.entresemana.mx
@msanchezlimon

Comentarios