El jueves 21 de este mes, un fallo unánime del pleno del segundo tribunal colegiado del vigésimo circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) determinó el descongelamiento de seis cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

La resolución se dictó el 15 del mismo mes. Tácitamente fueron liberados 151 millones de dólares de la casa de estudios.

El documento correspondiente lo signaron el magistrado presidente Juan Carlos Hinojosa Zamora, el ponente magistrado José Guadalupe Sánchez González y el también magistrado Aníbal Lafragua Contreras.

Se advertía como el epílogo esperado a una controversia que inició el 26 de febrero de 2019. Entonces cuentas de la institución fueron congeladas por la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sorpresivamente, Santiago Nieto, que encabeza la UIF, el jueves 27 de este mayo, incumplió con la resolución manteniendo el bloqueo, a través del Banco HSBC, de las cuentas legítimamente liberadas.

La historia escribió capítulos trascendentes en esta singular actitud de la UFI. No se olvida que en abril de 2019, la misma UIF congeló otras 224 cuentas que después fueron abiertas ya que se relacionaban con el pago de nómina de trabajadores de la UAEH.

La Unidad de Inteligencia Financiera a través de Nieto, argumentó que las primeras correspondían a una acción por una solicitud de cooperación internacional de la DEA, aunque sin precisar mayores detalles.

La universidad no fue pasiva. Respondió por los medios legales adecuados. Así, se recuerda, en mayo del año pasado, acudió a la UIF para entregar pruebas de la legitimidad de los recursos y su destino. Fueron 57 cajas de documentos, debidamente ordenados, como testimonio irrefutable.

Todavía en agosto del 2019, el rector Adolfo Pontigo Loyola declaró que no había avances, pese a que se había interpuesto el amparo de revisión 1/2020.

Por su parte, Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato Universitario, dijo que una gran parte del dinero congelado estaba destinado para cubrir, entre otras cosas, acuerdos pactados con trabajadores, entre ellos, muy importantes, jubilados académicos, administrativos y proyectos específicos.

“De no haber una pronta respuesta, mencionó, tendremos un problema financiero”, avizoró.

El 28 de octubre del mismo 2019, el juez segundo de distrito de Hidalgo Óscar Gregorio Herrera instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera a que en un término de 10 días contestara al procedimiento de audiencia que desde mayo había solicitado Pontigo Loyola.

Tras otras acciones de la UAEH, el 3 de enero de este 2020, la universidad pidió la adhesión al recurso, que simplemente significa que se revisaran sus argumentos.

En respuesta la UIF señaló que no se había emitido resolución correspondiente en el procedimiento establecido en disposiciones de carácter general contenidas en el artículo 15, de la Ley de instituciones de Crédito, debido a la excesiva carga de trabajo, así como el cúmulo de documentos que la universidad entregó en su defensa.

Juan Velázquez, ameritado abogado penalista, se pronunció sobre el caso.

Calificó como “un absurdo” el congelamiento de las cuentas.

Contundente en su expresión, apuntó: “No hay motivo para sostener que existe alguna conducta ilícita”.

Recalcó que el movimiento se dio entre cuentas de la propia UAEH, remarcando, “absurdo” que se considerara alguna operación irregular o ilícita.

Fue a más, expresando que el caso fue motivo de atención porque gran número de universidades están quebradas, excepto la de Hidalgo que cuenta con recursos debido al talento de quienes la administran.

En abundancia a este punto de vista, el reportero ha platicado con exuniversitarios, quienes cursaron en diversos años, tanto desde estudios de bachillerato, como carreras profesionales, maestrías y doctorados, en diversas asignaturas.

Considerando un tiempo de reflexión de tres décadas, cuando menos, todos, sin excepción, han considerado que los avances, en todos los órdenes, han sido elocuentes, fruto de proyectos bien sustentados en todas las áreas.

No ha habido, hasta ahora, quien haya solicitado de eximirse de establecer un juicio sustentado y objetivo de “cómo era la casa de estudios hace treinta y tantos años a lo que es ahora”. Y se incluyen juicios sobre calidad académica, investigación y la que llegan a determinar “asombrosa infraestructura”.

Así se concluye que el fallo del segundo tribunal colegiado del vigésimo noveno circuito y de sus magistrados pareció definitivo.

Santiago Nieto Castillo, días después, tras guardar silencio sobre el caso, declaró que había presentado un recurso de modificación a la suspensión del bloqueo.

Argumentó que la UAEH no había aclarado el origen de los 151 millones de dólares.

No informó cuál había sido el resultado en el análisis de documentos que la universidad, con el rector Pontigo Loyola al frente, entregó hace un año.

Nieto desoyó, todo indica que es así, al ignorar prácticamente la resolución del segundo tribunal colegiado del vigésimo circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Emplea un cuestionamiento que se opone a lo que resolvió el Tribunal.

En consecuencia, a través de un desplegado dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, aparecido ayer, 28 de mayo, el rector Adolfo Pontigo Loyola solicitó su intervención para que se respete la ley y el derecho, ante conductas arbitrarias de la UFI.

Pontigo Loyola subrayó que el origen de los recursos es resultado de más de 30 años de trabajo y ahorro en la UAEH, en la que concurre su personal académico, administrativo, así como de los subsidios que recibe.

El rector fue contundente al señalar que la universidad está dispuesta a luchar legítimamente con todos los medios a su alcance para hacer valer su derecho y no “ver quebrantada la vida de la institución”.

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