Carlos Chávez, titular de la oficina municipal de conciliación y arbitraje, dijo que el tema se complica más con la situación sanitaria actual

Tulancingo.- La falta de cultura cívica además de las inadecuadas asesorías jurídicas, provocan que trabajadores y empleados quieran que sus demandas laborales y procesos jurídicos en el mismo sentido se resuelvan de forma pronta, e incluso inmediata.

Carlos Chávez López, titular de la oficina municipal de conciliación y arbitraje, dijo que el tema se complica más actualmente, debido al aumento de las solicitudes de inicio de procesos legales laborales, derivado de los despidos y suspensiones de labores a causa del cierre o pausas laborales de empresas en el marco de la actual emergencia sanitaria por coronavirus.

Agregó que algunos abogados incluso hacen creer a los trabajadores que deciden llegar hasta la demanda laboral en lugar de un acuerdo, que en poco tiempo tendrán una resolución favorable, incluso con liquidaciones de grandes cantidades económicas.

Buena parte de la situación proviene incluso de las actuales tecnologías, pues al existir una inmediatez en estos procesos, se piensa que es del mismo modo para cualquier tema legal, laboral o de cualquier índole.

El funcionario señaló que en realidad los tiempos para tener un laudo laboral, en circunstancias donde no exista una cantidad extraordinaria de expedientes acumulados, es entre un año y tres meses a un año y medio.

En este momento, reconoció que es complicado determinar un plazo para contar con una resolución a una demanda laboral, precisamente por la gran cantidad de expedientes que se esperan atender a partir de la reapertura del Tribunal Estatal de lo laboral.

Y es que a partir del ingreso de la demanda, esta se radica, para a continuación venga la notificación a la parte demandada, y con ello se establezca fecha para una primera comparecencia, que en la mayoría de los casos no es concluyente al proceso legal laboral.

Solo en el procedimiento relatado se puede invertir hasta tres meses, explicó.

El entrevistado indicó que la falta de cultura cívica y de acceso a información jurídica y laboral no es exclusiva de un sector social o de personas con una preparación académica específica, pues lo mismo se encuentran casos al respecto entre quienes se dedican a las labores auxiliares generales, que entre quienes tienen perfiles profesionales.

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