La indignación por el incendio en el basurero de Mineral de la Reforma de la semana pasada no termina. Como pocas veces, la sociedad se manifestó, ya sea a través de redes sociales, expresando su opinión mediante artículos, siendo parte de una denuncia masiva contra los responsables, o promoviendo la recolección de firmas a través de change.org, por citar algunos ejemplos. El incendio indignó porque las autoridades brillaron por su incapacidad, omisión y negligencia. Todos fuimos testigos de cómo el gobierno estatal comenzó a actuar dos días después de haber comenzado el incendio, mediante un comité técnico que decidió suspender clases cuando la nube tóxica ya llevaba tres días acumulándose sobre la mancha urbana de Pachuca. Ahora, una vez que pasó la emergencia, las autoridades apuestan a que la población la olvide y todo quede como si nada hubiera pasado. El llamado que hace la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos es pertinente: una vez que pasó la emergencia, es necesario que el comité de atención al incendio informe a la población hidalguense cuáles fueron los daños a la salud de la población. Porque no solo hubo miles de personas que sufrieron molestias en nariz, ojos y garganta, también habrá secuelas para la salud cuyos alcances no han sido explicados claramente por las autoridades. Los gobiernos estatal y municipal deben informar cuáles serán los efectos colaterales de la conflagración. De filón. Los candidatos a la presidencia de la República protagonizaron el segundo debate con rumbo a la elección del primero de julio. Una primera lectura anticipa que después de ese ejercicio de contraste, no habrá ningún movimiento brusco en las tendencias de voto.

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