Un tribunal de enjuiciamiento decidió postergar dos meses el proceso contra Carlos BV, extrabajador de RTH

Pachuca.- Ante la inasistencia de 25 testigos citados a la audiencia de debate de Carlos BV, excoordinador financiero de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), un tribunal de enjuiciamiento decidió postergar dos meses el juicio contra el exfuncionario público, acusado de negociaciones indebidas por 77 millones 919 mil 524 de pesos.

Lo anterior transcurrió durante el proceso de debate celebrado ayer en los juzgados de oralidad de Pachuca, por la causa penal 128/2019, luego que el Ministerio Público (MP) solicitó que el juicio se difiriera ante la inasistencia de los testigos, aunque apuntó que algunos podían ser localizados vía telefónica.

Por su parte, el abogado de la defensa José Alberto Calderón López manifestó estar en contra de la medida y solicitó que los jueces emitieran un apercibimiento y desecharan dichos testimonios como medios de prueba, toda vez que el retraso afecta a su defendido, quien se encuentra en prisión preventiva en el centro de reinserción social de Pachuca (Cereso).

De igual forma, el imputado Carlos BV se dirigió al tribunal para solicitar que prescindiera de los testigos y el juicio en su contra fuera efectuado; no obstante, los juzgadores determinaron postergarlo hasta marzo. Entre los testimoniales, destacan varios peritos, así como el actual director de RTH, Cristian Guerrero Barragán.

Calderón López adjudicó la inasistencia de los testigos a una “falta de preparación de la representación social, pues no se pusieron a estudiar; no es posible que no haya estado presente ninguno”; en tanto, consideró que a la representación social “no le interesa porque ellos no están privados de su libertad”.

Del 21 de diciembre de 2012 al 19 de marzo de 2014, el exfuncionario presuntamente concedió 104 contratos a diversas empresas en complicidad con Sergio IO, exdirector del organismo y actualmente prófugo, hechos que constituyeron el delito de negociaciones indebidas al representar un detrimento a la administración pública estatal por 77 millones 919 mil 52 pesos.

Sin embargo, en reciente audiencia la defensa del acusado pidió que 30 de los convenios fueran eliminados porque fueron signados entre 2012 y 2014, pese a que la denuncia fue presentada en 2017, cuando los actos ya habían prescrito, argumento que fue desechado por los jueces que no autorizaron la suspensión, pero que será impugnado según comentó Calderón López.

  • José Alberto Calderón, abogado de la defensa, manifestó estar en contra de la medida y solicitó que los jueces emitieran un apercibimiento para desechar los testimonios

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