*EPN pretende gozar de impunidad en los próximos nueve años.
*Les urge tapar la corrupción priista.

Próximo a que la Procuraduría General de la República (PGR) se convierta en la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con una modificación constitucional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su títere el Partido Verde se aprestan a asegurarse que el hoy procurador Raúl Cervantes Andrade sea quien permanezca en el cargo de manera transexenal para asegurar la impunidad de la corrupción y excesos del gobierno de Peña Nieto, quien aún con su impresionante campaña publicitaria en vísperas de su quinto informe, no logra recuperar su gran caída de popularidad y a pesar de su triunfalismo por lo del robo electoral en el Estado de México saben que está en riesgo su permanencia en la presidencia de la República en 2018.
Esta nueva institución no puede ser solo de cambio de nombre, el espíritu de la creación de esta fiscalía está en contar con un instrumento que verdaderamente represente la justicia, la autonomía y la independencia y, sobre todo, que represente a la sociedad sin tener nexos y dependencia política partidista, esto no lo cumple el hoy procurador, pues es un miembro del PRI, del cual es consejero nacional, fue diputado federal, director jurídico de ese partido, coordinador jurídico en la campaña de EPN en 2012, lo que lo hace inelegible; además, su actuar de hoy lo demuestra, pues no ha resuelto la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los casos de desaparición forzada, de trata, de violación de los derechos humanos, la fallida lucha contra el crimen organizado y menos ha tocado de fondo a los corruptos gobernadores de su partido.
Raúl Cervantes forma parte de una familia de funcionarios y políticos siempre al servicio del grupo Atlacomulco del Estado de México, desde que Peña Nieto era gobernador, como Humberto Castillejos Cervantes, quien hasta junio fue coordinador jurídico de la presidencia de la República, quien además trabajó en la PGR como coordinador de asesores del hoy ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, fue defensor de Fidel Herrera Beltrán ante las acusaciones de fraude electoral en 2004 en Veracruz y es hijo del penalista Marcos Castillejos Escobar, exdirector de reclusorios y subprocurador de la PGR, asesinado en 2008 en la Ciudad de México, cuyas causas del crimen no fueron suficientemente claras.
Es primo también de Alfredo Castillo Cervantes, actual titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), pero que antes fue subprocurador y procurador en el Estado de México con Peña Nieto, fue parte del lamentable caso de la niña Paulette asesinada en 2010 en Huixquilucan conmocionando al país, también fue asesor en la PGR con Rafael Macedo de la Concha y ya en el gobierno peñista fue nombrado titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cargo que dejó cuando en 2014 lo nombran comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán ante el surgimiento de las llamadas autodefensas, ahí fue señalado de actuar como supra gobernador, pactó con la delincuencia organizada y mandó encarcelar a cientos de ciudadanos que solo se defendían de la delincuencia templaria y fue responsable del encarcelamiento del doctor José Manuel Mireles. Tuvo que salir un año después por el desorden, crímenes y corrupción que ahí dejó. ¡Qué bonita familia!
Desde hace tiempo más de 200 organizaciones civiles y empresariales, así como expertos y organismos internacionales han exigido al gobierno federal que no exista el pase automático sino que se modifique el método que garantice por un lado que el fiscal sea un ciudadano altamente calificado y apartidista, así como que la institución goce de autonomía e independencia, que tenga procesos de estricta supervisión interna y externa, que cuente con servicios periciales y forenses veraces, para no manipular como en el caso Iguala, pero que sobre todo desaparezcan las inercias, vicios y la simulación que hoy arrastra la PGR.
Entre la diversidad de las organizaciones civiles están #FíscalíaqueSirva, Transparencia Mexicana y los colectivos de búsqueda de justicia y de desaparecidos, entre otros, quienes se manifestaron este martes en la Ciudad de México, demandando también que quien encabece sea sensible a los derechos humanos, que esté verdaderamente capacitado y que cuente con recursos suficientes; que esta designación no sea solo de los políticos, sino de la sociedad, pues lo que se decida será crucial para México y qué por consecuencia se dé una verdadera transformación de la institución, pues están hartos de la tolerancia e impunidad actual, por lo que anunciaron que ellos presentarán un borrador técnico ciudadano para modificar el artículo 102 constitucional que dé paso a un nuevo mecanismo.
La iniciativa que envió Peña Nieto para supuestamente modificarlo está congelada en el Senado de la República, igual que otras ocho iniciativas, por el PRI y el Verde para tratar de imponer a su alfil. Esto demuestra nuevamente quiénes son los que mandan al diablo a las instituciones y las manipulan a su favor como el Instituto Nacional Electoral (INE), el TRIFE, la Suprema Corte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y otras, aprobadas por los firmantes del Pacto por México. Vamos directo a otra simulación e imposición.

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