Hace unos días el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) dio a conocer los resultados de una evaluación a los 32 gobiernos estatales del país denominado Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018. Presupuestos Estatales: Simulación y Discrecionalidad, en cual se revelan varios hallazgos interesantes sobre el ejercicio del gasto público por parte del gobierno del priista Omar Fayad, que la sociedad debe conocer por tratarse de sus impuestos que paga.

Uno de los rubros que más llaman la atención es que la actual administración estatal gastó 423 por ciento más dinero del que le autorizó el Congreso estatal en el Presupuesto de Egresos 2017 para publicidad oficial, es decir, para el manejo de la imagen del mandatario estatal y promocionar las acciones de su gobierno.

De acuerdo con los resultados de la referida evaluación, Hidalgo fue la segunda entidad con mayor variación en el gasto de publicidad oficial, solo después de Puebla, cuyo gobierno fue el que más gastó en ese rubro. Según los datos del estudio del Imco, el actual gobierno estatal tenía autorizado 55 millones de pesos para 2017, sin embargo, terminó invirtiendo 287 millones de pesos, equivalente a 423 por ciento más del tope autorizado por el Congreso local.

Otro interesante hallazgo es que Hidalgo es una de las cinco entidades federativas que realiza una subestimación sistemática de los ingresos que estima recaudar anualmente en al menos 20 por ciento durante 2015, 2016 y 2017, es decir, que los responsables de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal estiman 20 por ciento menos de lo que realmente se recaudará de ingresos por concepto de contribuciones, pago de derechos y servicios públicos, entre otros.

De acuerdo con el análisis del ejercicio del gasto público que realizó la actual administración durante 2017, la estimación de ingresos fue de 37.1 mil millones de pesos, pero lo que realmente se recaudó fueron 47.9 mil millones de pesos, es decir, hubo recursos excedentes por 10.8 mil millones de pesos, equivalente a 29 por ciento más de lo proyectado.

La subestimación sistemática referida por el Imco en su análisis radica en que se calculan ingresos menores a los que realmente se recaudan.

Asimismo, el referido estudio encontró que el gobierno estatal incurrió en un sobrejercicio presupuestal, es decir, gastó más dinero del que le autorizó ejecutar el Congreso estatal. Los diputados locales autorizaron al Poder Ejecutivo gastar 37.1 mil millones de pesos, no obstante, terminó gastando 44.2 mil millones de pesos, lo que significa que erogó 7.1 mil millones de pesos adicionales, equivalentes a 19 por ciento más del límite autorizado.

Según las conclusiones del análisis del Imco, Hidalgo, al igual que la mayoría de los gobiernos estatales gastaron los excedentes obtenidos en rubros innecesarios como comunicación social, ceremonias, adquisiciones de mobiliarios, etcétera, cuando en lo que debieron destinar esos recursos extras fue en el pago de sus deudas públicas.

En el caso específico de Hidalgo, a pesar de contar con recursos excedentes a lo estimado, invirtió 10 por ciento menos de lo aprobado para seguridad pública, al igual que lo hicieron los gobiernos de Tlaxcala, Jalisco, Guerrero, San Luis Potosí, Nuevo León y Querétaro.

Pero no todo lo hizo la administración de Omar Fayad, ya que gastó 2 por ciento menos de lo autorizado en burocracia, es decir, que con menos personal se hizo el mismo trabajo, lo cual indica que hubo una mayor eficiencia burocrática.

Todos esos datos revelados en el estudio del Imco confirman lo que desde hace varios años se sabe, que los gobiernos estatales gastan más y mal los recursos de los contribuyentes, lo cual debe ser una llamada de atención para los integrantes del Poder Legislativo local, a efecto de que mejoren su actividad fiscalizadora y se erijan en un verdadero contrapeso de los gobiernos con la finalidad de evitar dispendios y gastos innecesarios.

En sus conclusiones, el análisis del Imco manifiesta que las malas prácticas en las finanzas públicas de los gobiernos estatales, incluido el de Hidalgo, es por una mala planeación de las secretarías de finanzas locales y por la inexistencia de contrapesos legislativos.

Añade que los congresos estatales que deberían desempeñar su papel de contrapesos y vigilantes del presupuesto público no realizan su tarea por las siguientes razones: No están facultados para aprobar las modificaciones realizadas al presupuesto por las secretarías de finanzas; hacen poco uso de su facultad para emitir opiniones sobre los informes trimestrales de gasto que las secretarías de finanzas les remiten; y no exigen la comparecencia de las autoridades ejecutoras que gastan más de lo aprobado.

Los hidalguenses decidieron en las pasadas elecciones del primero de julio otorgar con su voto mayoritario una mayoría legislativa a Morena, precisamente para que hubiera por primera vez en más de 80 años la posibilidad de que el Congreso estatal fuera un contrapeso real al Poder Ejecutivo para que, entre otras cosas, haya más vigilancia y fiscalización de los dineros públicos, lo cual incomoda al gobierno local en turno.

Corresponde a esa mayoría de Morena cumplir con el mandato de los millones de electores hidalguenses para vigilar el ejercicio del gasto público, ya que en campaña prometieron tres cosas que los diferencian de los otros partidos políticos: No mentir, no robar y no traicionar. La pelota está en su cancha.

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