Que siempre sí, el Congreso tendrá que reponer el proceso mediante el cual fueron electos los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de Hidalgo (ITAIH). Ayer la comisión de transparencia y anticorrupción del Congreso local sesionó para responder al juez segundo de distrito, quien ordenó anular la designación de los comisionados. La diputada Susana Ángeles Quezada, presidenta de la comisión de transparencia, quien no acató originalmente la orden judicial, declaró ayer en entrevista que decidieron obedecer al juez “en el sentido de que se emite un dictamen con el cual se revoca la designación, que es el procedimiento que compete a la comisión y que realizamos con fecha 16 de diciembre”. Según la legisladora, el hecho de no haber acatado la orden judicial desde diciembre no implica un error, pues lo hicieron para garantizar el derecho a la información. Después de escuchar tal argumento, cabe preguntarse si la legisladora entiende de procesos judiciales. Porque, así como lo plantea, parece que entonces una orden judicial está sujeta a la interpretación. En consecuencia, como Ángeles juzgó que era más importante contar con comisionados, entonces la orden judicial podría esperar arrumbada en una cajonera. Total, nadie se daría cuenta. Aunque se escuche absurdo, parece que esa fue la lógica que siguió la legisladora morenista, pues no avisó al pleno el pequeño detalle de que existía un amparo vigente contra el proceso de selección. Al final, el Congreso tendrá que hacer lo que desde el 16 de diciembre se le ordenó: reponer el proceso para elegir a los comisionados. De filón. Una cifra para dimensionar lo que podría significar en Hidalgo el paro nacional para visibilizar la violencia de género: 523 mil 399 mujeres forman parte de la fuerza laboral que mueve la economía estatal, el equivalente al 40.79 por ciento de la población ocupada, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al cuarto trimestre de 2019.

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