El pasado jueves la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad eliminar el fuero al presidente de la República y a servidores públicos de alto rango o de representación popular federal, en suma a todos los funcionarios estipulados en el artículo 110 constitucional, a partir de tal derogación los congresos estatales habrán de hacer lo propio con los servidores públicos locales que han venido gozando de tal inmunidad.
Antes de continuar con este tópico jurídico recientemente muy debatido, explicaremos que el término fuero proviene del latín forum que quiere decir “lugar despejado o abierto”, haciendo alusión a que durante el imperialismo romano las cuestiones judiciales más relevantes se discutían en público y en foros abiertos donde se privilegiaba el escrutinio social. También, el término fuero es utilizado para referirse a los niveles de gobierno, por ejemplo, fuero federal, común o municipal, o para separar materias de actuación de las autoridades como es el caso del llamado fuero militar o civil.
El tipo de fuero al que hoy nos referiremos es al que por mucho tiempo, desde la promulgación de la Constitución de 1917 y hasta finales de la semana pasada fue derogado, es el relativo a la inmunidad, prerrogativa o privilegio de servidores públicos de gran nivel, ese tipo de fuero tuvo su origen en España y Francia, en la Edad Media, el rey concedía a sus representantes o delegados en las provincias y lugares apartados una carta de fuero, Chartae Fori, la cual concedía a los portadores muy cercanos al rey un poder superior que al resto de la población y solo podían ser procesados y castigados por orden expresa de los reyes y a través de cortesanos cercanos a su majestad.
Al finalizar la Independencia de México, se adoptaron algunas figuras jurídicas de España como lo fue el fuero parlamentario que tenía como fin proteger a los legisladores contra cualquier represión por sus intervenciones. En el diario de debates el Constituyente de Querétaro se estableció el fuero como una protección que evitará que los representantes populares pudieran expresarse libremente sin que fueran objeto de persecuciones o censuras, así también, para evitar que los integrantes de los poderes de elevado rango no fueran distraídos de su encomienda por falsas imputaciones o acusaciones sin sustento, lo cual, al implementarse, tomó otro sentido, ya que funcionó como un estatus o posición de poder de la clase política.
Con los escándalos de corrupción de los últimos tiempos, el término fuero se alejó de su propósito original, consagrado en el artículo 61 de la Constitución, en el sentido de que los legisladores no fuesen perseguidos por sus alegaciones o intervenciones en tribuna, sino que se tradujo en impunidad, se fue tomando como un privilegio innecesario en esta época, aunado a que en las grandes potencias como Estados Unidos o países desarrollados de Europa esa figura del “fuero” no existe, ahí si se cumple la ley y la máxima de elemental lógica de “el que la hace la paga” sin importar quien sea.
En nuestro país, no en pocos casos, se llevó a cabo el procedimiento de desafuero consagrado en el artículo 111 de nuestra Ley Suprema, la Cámara de Diputados se constituyó en Jurado de Procedencia y declaró que había lugar a proceder contra infractores de la ley penal en conflictos que en su momento causaron escándalo en la sociedad mexicana, se recuerda el desafuero del ingeniero Jorge Díaz Serrano director de Pemex en el régimen del presidente José López Portillo y quien siendo senador de la República fue acusado de haber cometido un grave desfalco en agravio de la paraestatal al alterar el costo de dos barcos, hecho por el cual estuvo en prisión por cinco años, ese proceso de desafuero por cierto, estuvo a cargo de César Vieyra Salgado, otrora docente de derecho penal en nuestra gloriosa Autónoma de Hidalgo, diputado federal por Tula en aquellos años.
Ya que recordamos al expresidente José López Portillo, sus ascendientes también pertenecieron en su tiempo a la alta clase política, su bisabuelo fue gobernador de Jalisco y su abuelo José López Portillo y Rojas, siendo diputado federal, fue objeto del primer procedimiento de desafuero en México al ser acusado de fraude en 1909. Si de expresidentes y gobernantes de Jalisco se trata, José Guadalupe Zuno, exsuegro de Luis Echeverría y gobernador de Jalisco en la década de 1920, no fue objeto de desafuero pero si de juicio político al criticar la política anticlerical de Plutarco Elías Calles, dicho procedimiento es similar al del desafuero, el primero es cuando un servidor público de alto rango es señalado de cometer faltas administrativas o de desleal desempeño, mientras que la declarativa de procedencia o de desafuero procede por la comisión de delitos y únicamente interviene la cámara de diputados; en el juicio político, es la referida cámara la que acusa pero es la Cámara de Senadores la que emite la sentencia de conformidad con el artículo 76 fracción siete de nuestra Constitución.

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