Con el fin del gobierno de Enrique Peña Nieto se cerraron ciclos, pero también programas o planes que comenzaron en esa administración y que ahora deben reemplazarse o reactivarse. En Hidalgo fue echado a andar el pasado 10 de julio una estrategia denominada Fuerza Especial Conjunta, que no es otra cosa que una serie de acciones coordinadas entre diferentes instituciones y niveles de gobierno para enfrentar el fenómeno del huachicoleo, que desde hace unos tres años se enquistó en territorio hidalguense, desestabilizando a regiones que antes ni siquiera pintaban en cuanto a niveles de criminalidad o inseguridad. Ayer, en entrevista el secretario de Seguridad Pública Mauricio Delmar hizo un balance de los resultados de la Fuerza Especial Conjunta y explicó que con la llegada del nuevo gobierno federal, necesariamente tendrán que sentarse a diseñar una nueva estrategia, aunque adelantó que será “muy parecida” a la echada a andar desde hace cinco meses. Al hacer el corte de caja, Delmar destacó algunas cifras: 1.7 millones de litros de combustible recuperados, el aseguramiento de mil 316 vehículos, la clausura de más de 26 bares y el cierre de seis deshuesaderos, 12 cateos, así como la incautación de 78 armas de fuego y 21 kilos de mariguana. Todas esas cifras impresionan y ciertamente hablan de un trabajo coordinado y efectivo, pero no se ven resultados que indiquen que el problema del huachicoleo está por resolverse.

Hidalgo, recordemos, acaba de refrendar su segundo lugar nacional por el número de tomas clandestinas detectadas en su territorio. Se requiere algo más que la Fuerza Especial Conjunta. De filón. Los programas de austeridad y el recorte al gasto público no solo dejarán damnificados al interior de la administración pública. Ayer, Canirac calculó baja de 15 por ciento en realización de eventos como cenas o banquetes debido a que instituciones de gobierno y empresas ya no gastan en ese tipo de celebraciones.

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