Detrás de las fugas de tres narcotraficantes del reclusorio sur hay un penetrante tufo de corrupción. No puede entenderse de otra manera y así lo han confesado un par de custodios que, según su propio dicho, ayudaron a los presos en su evasión.

El caso no es menor y expone la fuerte corrupción que ha invadido al Sistema Penitenciario Nacional. Desde hace por lo menos veinte años las prisiones en México están controladas por el crimen organizado; los directores de los reclusorios, por decisión propia o forzados por los cárteles, han entrado al juego de las complicidades y corruptelas. No puede entenderse de otra forma.

El crimen organizado opera en todo el mundo mediante pactos con los hombres del poder. México es un caso patético en esa materia: alcaldes, gobernadores, jefes policiacos, militares, marinos y empresarios forman parte de la red de corrupción que hace posible que el narcotráfico, por ejemplo, florezca en todo el territorio.

En Tamaulipas y Veracruz, estados controlados por el crimen desde hace varias décadas, se conocieron los primeros síntomas de ese terrible cáncer. Los gobernadores de esas entidades, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, así como Patricio Chirinos en Veracruz, con Miguel Ángel Yunes como secretario de Gobierno, le abrieron las puertas al crimen organizado. Ese fue el periodo en que se encumbró en el poder criminal veraruzano Albino Quintero Meraz Don Beto, pieza del cártel de Juárez y socio en ese tiempo de Osiel Cárdenas Guillén, entonces poderoso jefe del cártel del golfo.

En el gobierno de Eugenio Hernández, el narco tenía un representante en el gabinete estatal y ese era el encargado de controlar todo el negocio, manejaba las prisiones y daba órdenes para que muchos presos, todos ligados al cártel de los zetas o del golfo, se evadieran y se reincorporaran a las actividades criminales. Todo ocurría con la complacencia de los gobernadores.

En Veracruz y Tamaulipas en varias ocasiones hubo fugas de narcos de las prisiones. El cártel de los zetas arribaba a las prisiones con sus hombres armados y ordenaban la liberación de sus secuaces.

El mismo modus operandi se observó en el penal de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001, cuando se fugó por primera vez Joaquín el Chapo Guzmán, entonces jefe del cártel de Sinaloa.

El Chapo, según consta en las investigaciones que realizó la Procuraduría General de la República (PGR) controlaba el penal: pagaba jugosos honorarios al director de la prisión y tenía en la nómina a todos los custodios, que terminaron convertidos en cómplices del capo.

Guzmán Loera era el rey de Puente Grande: organizaba fiestas, contrataba “mujeres de la vida galante” para sus orgías y las autoridades del penal se encargaban de concederle todos sus caprichos. Las investigaciones indican que hasta Viagra le surtían para aliviar sus problemas de disfunción eréctil.

La misma complicidad oficial se observó cuando Guzmán Loera se fugó por segunda ocasión de una cárcel de alta seguridad, esta vez del penal del Altiplano, en el Estado de México.

La versión oficial dice que el capo ordenó que le cavaran un túnel para evadirse. Lo cierto es que altos funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se ligaron al proyecto de la fuga. Todo estaba pactado con los hombres del poder. Nada fue fortuito.

En el reclusorio sur ocurrió lo mismo con la fuga de Víctor Manuel Flores Beltrán, el Vic, Luis Fernando Meza González y Yoel Osuna Navarro, todos ligados al cártel de Sinaloa, la misma organización criminal que fue beneficiada en octubre de 2019 con la liberación de Ovidio Guzmán Salazar, hijo de Guzmán Loera.

El famoso Vic es hijo de Víctor Manuel Félix Félix, consuegro del Chapo Guzmán. De acuerdo con sus antecedentes criminales, fungió como operador financiero del ex jefe del cártel de Sinaloa actualmente sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Félix Félix –su padre– fue detenido en 2011 y luego extraditado a Estados Unidos, donde tenía cuentas pendientes con la justicia. Allá fue sentenciado a 14 años de prisión por un juez con sede en San Diego, California, en diciembre de 2012.

Luis Fernando Meza González, el otro reo evadido, enfrentaba también un juicio de extradición por cargar en su haber acusaciones de tráfico de drogas y delincuencia organizada en Estados Unidos.

También se le relacionó con el lavado de dinero y, según sus antecedentes criminales, formaba parte del grupo de Víctor Manuel Flores Beltrán.

Yoel Osuna Navarro, el tercer fugado, enfrenta acusaciones por tráfico de drogas en Denver, Colorado, donde tiene un expediente abierto por delincuencia organizada. También fue detenido con fines de extradición. De esta forma queda claro que los tres temían ser extraditados y pasar su vida en una prisión de Estados Unidos.

Antonio Hazael Ruiz, Subsecretario del Sistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de México, debe ser investigado por la fuga de los tres capos, pues esta no se explica sin la complicidad de altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México.

De hecho, se ha denunciado que las estructuras de seguridad del gobierno capitalino están contaminadas por el crimen organizado porque así las heredó Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno y actual senador de la República.

Lo que no se esperaba es que el crimen organizado ya controlara las prisiones en la Ciudad de México, pero todo indica que los cárteles se han afincado en la capital del país y ya cobran piso, según han denunciado los propios comerciantes.

En el reclusorio sur han ocurrido otras fugas. Una de las más espectaculares que se recuerdan es la del capo Otho Roberto Herrera García, el Profe, narcotraficante de origen guatemalteco.

Ese personaje se fugó del reclusorio sur –el hotel de cinco estrellas para capos y políticos en desgracia – el 14 de mayo de 2005. Entonces el director de la prisión era Antonio Hazael Ruiz, actual Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

¿Quién ordenó la fuga de los capos? ¿Qué funcionarios participaron? ¿Es otro apoyo para el cártel de Sinaloa? ¿Qué papel juega dicha organización en el esquema político del gobierno de la cuarta transformación?

Esas preguntas quizá no tengan respuesta todavía, pero conforma avanza el sexenio muchos hechos apuntan a que el cártel de Sinaloa es la organización consentida del poder.

Tras conocerse la fuga de los capos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una investigación a fondo porque, dijo, es claro que hubo complicidad y corrupción, lo que acredita que tales problemas siguen en el gobierno y que no se han erradicado, como él pregona.

La corrupción y la complicidad con el crimen ahí sigue, galopante, aunque el presidente diga que eso es parte del pasado.

Extraído de www.sinembargo.mx

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