En agosto pasado, Gabriel Sosa Plata fue designado defensor del televidente de Canal 22. A tres meses de ejercer el cargo esa defensoría peligra ante las decisiones del director de ese medio de difusión Ernesto Velázquez Briseño, quien notificó que, por indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, congelaron recursos para contrataciones por honorarios, a lo que el profesional respondió apoyando y realizando su labor de defensor en tanto se solucionaba el tema administrativo. La respuesta fue “que dejara de hacer su labor porque el órgano interno de control (OIC) estaba enviándoles observaciones y los podía sancionar.” (“Canal 22 y televidentes, a la deriva”. Telecom y sociedad, Clara Luz Álvarez. Opinión, Reforma, 23 de noviembre de 2016: http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/editoriales/editorial.aspx?id=101807&md5=93627fed597a75769b58652b1c84971b&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe).
Decisión harto cuestionable de un medio que, incluso, fue pionero en designar e incorporar esa figura en el medio televisivo en 2007, sin que mediara mandato alguno. Sin embargo, el “viraje” en la política favorable a las audiencias de ese medio ya había iniciado desde la defensoría de André Moise Dorcé Ramos, cuando de tener un programa semanal se relegó su participación a un espacio dentro de otro programa (Tiene la palabra) y se volvió mensual su intervención. Debilitando así la presencia y voz de las audiencias y revirtiendo el proceso de alfabetización en medios sobre los derechos del público televidente.
El papel del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es vital para remediar este mensaje adverso a las defensorías de audiencias, pues en teoría los concesionarios de medios están obligados a designar y registrar un defensor; en caso de no hacerlo se supone media la sanción. Lo cierto es que Canal 22 hoy viola la ley. ¿Cuál puede ser la razón?
De acuerdo con los hechos y antecedentes del actual defensor Gabriel Sosa Plata, este puede ser un caso de censura ante su objetividad y profesionalismo para señalar errores o desatinos de la programación en detrimento de los televidentes: “Sosa Plata había enviado un texto para la página de la defensoría donde alertaba de esto advirtiendo que ‘con estos recortes, se reduce la producción propia y adquirida de contenidos de calidad, además de tener un impacto en el desarrollo de infraestructura y la actualización tecnológica’”. (“Canal 22 y televidentes, a la deriva”. Telecom y sociedad, Clara Luz Álvarez. Opinión, Reforma, 23 de noviembre de 2016: http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/editoriales/editorial.aspx?id=101807&md5=93627fed597a75769b58652b1c84971b&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe).
Esta adversa situación persiste pese a que en forma se eligió a Gabriel Sosa como resultado de una decisión colegiada, que reunió al director general jurídico de la Secretaría de Cultura Luis Cacho Pérez, a la presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias (AMDA) Adriana Solórzano Fuentes, al productor José Antonio Fernández, al académico Raúl Trejo Delarbre y a la televidente Soledad Ordóñez Ramírez. Además, con base en su amplia y experimentada trayectoria en el tema, pues él fue defensor de MVS (2013-2015) durante la controversia de la periodista Carmen Aristegui y la familia Vargas (concesionaria de ese grupo de medios), y del Instituto Mexicano de la Radio (2011-2013), así como fundador de la Organización Iberoamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID).
Quedan en el aire, entonces, las medidas que debe tomar el IFT y el papel que las audiencias críticas –si existen– debemos exigir. Sobra decir que este tipo de decisiones atentan, minan y desdibujan los valores enarbolados por las defensorías de medios, de audiencias y/o de lectores, es decir, la libertad, imparcialidad, calidad, crítica y la diversidad. Todos derechos humanos que hoy buscan garantizarse a través de esa figura porque los monopolios de medios en nuestro país caminan en sentido inverso al derecho público y social en materia de información, entretenimiento y divulgación.

Comentarios

COMPARTIR
Artículo anterior¿Red compartida o red corrompida?
Artículo siguienteDan a conocer proyectos beneficiados del Pacmyc 2016
Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM y especialista en estudios de la mujer por El Colegio de México. Periodista colaboradora en medios desde 1987. Defensora de lectores y articulista del diario Libre por Convicción Independiente de Hidalgo. Integrante del consejo editorial de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC. Docente universitaria desde 1995 en la UNAM. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 2008. Integrante y cocoordinadora del grupo de investigación Género y Comunicación en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Línea de investigación y publicaciones sobre periodismo, comunicación y género.