Cuando se aprueban las grandes reformas, pocas veces les damos seguimiento y no observamos después lo que sucede en el mundo real, cuando tienen repercusiones en la vida de la población. La reforma energética, aprobada durante la primera parte del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, es un ejemplo de ello. Hoy, en la recta final de la administración federal, observamos cuáles fueron las consecuencias. Y no hay que ir tan lejos: en Hidalgo, en Zempoala, a 20 minutos de la capital del estado, vemos un efecto práctico de aquella reforma que requirió un pacto entre las tres principales fuerzas políticas de aquel entonces: PRI, PAN y PRD. En la localidad Villa Margarita, en Zempoala, una empresa transnacional canadiense construye infraestructura para transportar gas natural desde Tuxpan a Tula. En medio del árido paisaje, una zanja es evidencia de la obra que proveerá de gas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para poder continuar sus procesos de generación de energía. Esto, sin la reforma, no hubiera sido posible. Ahora los ejidatarios son obligados a ceder sus tierras a cambio de una renta para permitir el paso del gasoducto. ¿Tendrá algún beneficio para Hidalgo la realización de esta infraestructura? En teoría sí, la empresa deberá hacer obras para las comunidades por donde cruzará el gasoducto, pero en un recorrido hecho por este diario constatamos que no. ¿Qué nos queda? Hacer, por lo menos, que se cumpla lo que dice la ley. De lo contrario Hidalgo solo verá pasar el energético por su subsuelo, sin ningún beneficio para su población. De filón. La violencia política contra las mujeres es una práctica nociva presente en nuestra democracia. Tras la reforma política aprobada en 2014, los políticos varones vieron una amenaza a su feudo. Su reacción fue violentar a las mujeres y por eso ya el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) trabaja para implementar un protocolo. Cuando salga, será necesario ver que se cumpla y no quede en retórica. Ya veremos.

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