Los grandes proyectos siempre traen efectos colaterales. No es posible hacer una magna obra sin afectar comunidades, intereses, el propio medio ambiente. Por eso es mejor prever, calcular y, muy importante, buscar a los posibles afectados para informarles y tratar de reducir la resistencia. O, incluso, evaluar si los perjuicios serán mayores a los beneficios que pudieran tener esos proyectos de grandes proporciones. Veracruz, Puebla, Hidalgo y Estado de México comparten hoy un megaproyecto: un gasoducto que atravesará esas entidades para transportar 886 millones de pies cúbicos de gas para centrales generadoras de electricidad. El gasoducto correrá desde Tuxpan hasta Tula e impactará 225 localidades de 17 municipios, esto tan solo en el estado de Hidalgo. Atravesar tantos kilómetros de comunidades tendrá sus consecuencias. La empresa TransCanada, acostumbrada a estos proyectos, hizo un estudio denominado Evaluación de impacto social del sistema de transporte de gas natural Tuxpan-Tula, en el que anticipa conflictos. En esta edición, le presentamos un análisis del documento de más de 400 cuartillas que anticipa los problemas que vienen. También habla de una empresa profesional que, de manera inteligente, propone y negocia con los pueblos involucrados para minimizar la resistencia. Por otra parte, el gasoducto nos permite observar los efectos que tienen las reformas, ya no como una entelequia, sino en las comunidades, en nuestros vecinos. Y también nos permite comprender que las crisis internacionales, los puntos de inflexión, no suceden en una tierra remota, lejos de nuestro estado. Tienen sus efectos reales en nuestras localidades. Los gobiernos, en estos casos, deben salvaguardar el interés de las comunidades, no solo el del país y su autosuficiencia energética. De filón. En el último trienio la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH) ha iniciado 11 denuncias penales contra ahora exalcaldes y organismos operadores de agua ante la Procuraduría General de Justicia. La cifra nos permite interpretar: o los alcaldes y su equipo necesitan capacitación técnica porque estas denuncias tienen su origen en una errónea manera de administrar los recursos públicos o urge formación ética y cívica para los administradores del ayuntamiento. O ambas.

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